El 5 de este mes, el cuestionado Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, encabezado por Roberto Rivas, aliado incondicional del presidente Daniel Ortega, convocó a las elecciones que se celebrarán el 5 de abril en los 153 municipios del país. Las señales que envolvieron el acto, las decisiones que lo precedieron, la naturaleza de los cargos que se disputarán y las circunstancias que enfrenta el país, sugieren que este proceso podrá ser más auténtico y real que la farsa electoral de noviembre pasado, cuando Ortega se impuso sin enfrentar una real oposición.
La noticia más esperanzadora es que dos días antes de la convocatoria, luego de complejas gestiones plagadas de obstáculos, al fin el CSE concedió personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad (CxL). En él se agrupan los principales movimientos opositores, entre ellos el Partido Liberal Independiente, que fueron impedidos de participar en los comicios presidenciales. Organizar en apenas seis meses una coalición de alcance nacional no será fácil, pero al menos se ha abierto una oportunidad para que CxL restituya cierto equilibrio en la oferta electoral.
La concesión de la personería no ha sido, necesariamente, producto de la convicción democrática del régimen y sus funcionarios, sino de un cambio en el entorno, que los ha colocado en una coyuntura comprometedora.
Por un lado, la economía enfrenta un problema inmediato y una seria amenaza. El problema es que el colapso venezolano ha privado a Nicaragua y la familia Ortega de la ayuda financiera que prestaba el gobierno de Nicolás Maduro, la cual les permitía equilibrar ciertas cuentas, mantener el clientelismo y, de paso, allegarse recursos. A esto se añade una creciente insostenibilidad del sistema de jubilaciones, reducido en su alcance, pero de cualquier manera un importante amortiguador social. A raíz de ambos fenómenos, el Fondo Monetario Internacional, con el que Nicaragua mantiene estrechas relaciones, ha recomendado reducir el gasto público y reestructurar las pensiones, lo cual requerirá aumentar la edad de retiro y las cotizaciones. Son dos retos de gran importancia.
La amenaza es el llamado “Nica Act”, un proyecto reintroducido a finales del pasado mes en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos por legisladores republicanos y demócratas. De ser aprobado, obligaría al Ejecutivo estadounidense a bloquear los créditos a Nicaragua en los organismos financieros internacionales, a menos que se respete la democracia y se ataque la corrupción. La mezcla de menos recursos de Venezuela con un eventual recorte del financiamiento multilateral sería explosiva. Por ello, desde hace meses, el gobierno emprendió una campaña para intentar legitimarse lo más posible. Las elecciones municipales le han ofrecido una oportunidad y, a la vez, se han convertido en un desafío.
Como parte de su campaña legitimadora, el 28 de febrero, Ortega suscribió un “memorando de entendimiento” por tres años con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para “impulsar y acompañar esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional político-electoral” de Nicaragua. Sus componentes más importantes son el establecimiento, con alto grado de autonomía, de una misión de la OEA para el “acompañamiento electoral” de las elecciones municipales, así como el “apoyo técnico” para el registro, cedulación y depuración del padrón. El documento dejó por fuera cambios a la legislación electoral y fue omiso sobre la personería jurídica de los partidos; más aún, su extensión no alcanzará a las elecciones presidenciales del 2021. Todo esto generó grandes y justificadas preocupaciones de los sectores democráticos. Se han despejado parcialmente con la personaría otorgada a CxL. Sin embargo, por delante quedan seis meses en los que muy posiblemente Ortega pondrá el aparato estatal al servicio de sus candidatos y acudirá a presiones y amedrentamiento en contra de sus adversarios.
Ante este panorama, no dudamos de que los partidos opositores mantendrán una actitud de extrema alerta y denunciarán vigorosamente cualquier intento por reducir su capacidad de acción. El alto empresariado, que hasta ahora ha sido un aliado de conveniencia de Ortega, debe asumir una actitud más independiente y realmente democrática, y la OEA mantenerse vigilante y no tolerar ninguna infracción, por mínima que sea, a la letra y el espíritu del memorando de entendimiento.
Si esos factores se conjugan, y van acompañados de presiones de otros actores internacionales, es posible que las elecciones municipales abran una entrada de oxígeno democrático en el país. Y aunque esto no implicará un cambio esencial en la naturaleza autocrática del régimen, y tampoco ofrece garantías importantes en el futuro, al menos otorgará mayores elementos de control a los grupos democráticos e independientes.