A inicios del siglo, cuando el derrumbe del bipartidismo abrió espacio al surgimiento de nuevas fuerzas políticas, la fragmentación del poder fue recibida con complacencia en diversos sectores, sobre todo los insatisfechos con la situación preexistente. Esperanzados, esos grupos quisieron ver en el nuevo orden una promesa de profundidad democrática.
En la Asamblea Legislativa, la ausencia de fuerzas claramente dominantes exigiría negociaciones y diálogo. No habría posibilidad de imponer proyectos ni de negociarlos en la discreción de los salones del poder. Algunas agrupaciones se convertirían en el fiel de la balanza, forjando alianzas alguna vez a su derecha y otras a su izquierda.
La práctica, ya encaminada a cumplir dos décadas, demuestra la ausencia de los esperados beneficios y su suplantación por el estancamiento del Poder Legislativo, donde las alianzas se forjan para hacer oposición, más que para impulsar proyectos urgentes. Las últimas dos uniones de fuerzas parlamentarias lo demuestran. Una desplazó a Liberación Nacional del Directorio legislativo durante la administración Chinchilla y otra hizo lo mismo en el gobierno actual.
El naufragio de las ingenuas aspiraciones alimentadas por el multipartidismo es evidente. Si las quejas por la parálisis institucional vinieran exclusivamente de Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, podrían ser atribuidas a la nostalgia del bipartidismo, comprensible entre sus beneficiarios. Ahora, el lamento por la fragmentación viene de la agrupación política más beneficiada con su surgimiento. Carlos Alvarado, aspirante presidencial del Partido Acción Ciudadana, pide a los costarricenses un mandato fuerte, manifiesto en la elección de una bancada parlamentaria de al menos 20 diputados, dos más que la actual fracción liberacionista, que es la más numerosa, con 18 legisladores.
“Tenemos que formar una mayoría. Debemos superar nuestro máximo histórico y pedir un mandato fuerte a los costarricenses. Mi objetivo es formar equipo y lograr la gobernabilidad y, de paso, pedirle a Costa Rica una fracción grande, que me permita llevar adelante mi plan de gobierno”, dijo el candidato.
Alvarado tiene razón y se suma a similares manifestaciones de otros partidos con vocación de gobernar. El multipartidismo no ha dejado un buen sabor y, mucho más que las complejidades de nuestra frondosidad legal y burocrática, ha contribuido a la crisis de gobernabilidad.
La imposibilidad de tomar decisiones en un ambiente de atomización política crea un caldo de cultivo para el crecimiento de los problemas apremiantes. La crisis de las pensiones no permanece, empeora. Los dilemas creados por el déficit fiscal no se estancan, crecen. La infraestructura, además de insuficiente, se deteriora. La seguridad social no avanza, pierde terreno.
El Estado no logra responder a las expectativas de los ciudadanos, cuya confianza y compromiso con las instituciones sufre erosión. Por esa vía, la fragmentación alguna vez vista, en varios sectores, como oportunidad para la democracia, se revela, cada vez más, como un riesgo sistémico.
Nada en el próximo proceso electoral garantiza que algún candidato alcance los resultados pretendidos por todos, no solo por Alvarado, pero el reconocimiento de los retos de la fragmentación, viniendo del candidato del PAC, luego del primer ejercicio de gobierno de ese partido, llama a meditar.