Los congestionamientos de tránsito son desesperantes y pesan cada vez más sobre la economía nacional. Poco a poco, han ganado terreno entre los temas álgidos de la política. La solución no está a la vista. El gobierno estudia medidas paliativas cuya sola mención despierta polémica. La más reciente es la posibilidad de ampliar la restricción vehicular para limitar la circulación por la General Cañas, la Florencio del Castillo y la ruta 32.
Ya no solo el centro de la capital estará vedado a los conductores un día a la semana, sino también los accesos. Un sector de la ciudadanía, incluida la Unión de Cámaras, se adelantó a protestar. Según los empresarios, las nuevas restricciones aumentarán los costos de distribución y logística.
La medida podría resultar necesaria, pero solo a falta de verdaderas soluciones. Es preciso señalarlo porque los embotellamientos son consecuencia de la posposición de importantes decisiones en diversos ámbitos, desde la política laboral hasta el transporte público y, desde luego, la infraestructura.
Fracasada la concesión de obra pública en la vía a San Ramón, la alternativa ofrecida con entusiasmo por los opositores del contrato está lejos de materializarse. No está claro si el peaje terminaría costando lo mismo, o más, y nadie se atreve a dar una fecha para la conclusión de la obra. La Circunvalación y varias obras menores con potencial impacto sobre el congestionamiento también se han hecho esperar.
Lo mismo sucede con otras construcciones urgentes y un vistazo al presupuesto nacional para el año entrante muestra la escasez de recursos para desarrollarlas. El esfuerzo por aumentar esos fondos palidece frente a las necesidades y el país no tiene cómo enfrentarlas. Cuando hay financiamiento, el Estado se muestra incapaz de emprender la ejecución. Los empresarios apuntan a millones de dólares en préstamos ya aprobados.
En esas circunstancias, el único remedio, por el momento y mientras se encuentra la forma de desarrollar obra pública, podría ser la limitación del tránsito sobre la infraestructura actual, insuficiente y deteriorada. Pero hay otras formas de limitarlo, como la sectorización del transporte público.
En Coronado, la empresa autobusera trabaja con 16 vehículos cuya función es conectar el centro del cantón con puntos aledaños. Esas rutas ramales desembocan en un solo lugar, donde los pasajeros abordan la flotilla de 27 buses dedicados a viajar a San José. En total, la empresa emplea 43 vehículos en lugar del centenar que sería necesario para brindar el servicio desde cada comunidad hasta el centro de la capital.
Son 57 autobuses menos en una sola línea. El efecto, multiplicado por la cantidad de empresas cuyas rutas podrían ser sectorizadas, es significativo. Sin embargo, los millonarios estudios ejecutados para sopesar las ventajas del sistema están lejos de rendir frutos porque la sectorización afecta los intereses de las empresas de transporte público.
El desarrollo de otros medios de transporte también ha sido objeto de incontables estudios y eternos debates sin fruto. Apenas ha sido posible poner en funcionamiento el ferrocarril de pasajeros, con todas sus evidentes limitaciones. El tranvía hace fugaces apariciones en el debate público y desaparece de él como por arte de magia. Decidir cuál es la mejor opción corresponde a los técnicos, pero urge un esfuerzo concertado para hallarla, en lugar de iniciativas aisladas cuyos proponentes abogan por cada cual sin considerar las ventajas de las demás.
Medios eficientes de movilización, sumados a una flexibilización de las jornadas laborales, contribuirían significativamente a aliviar los congestionamientos de tránsito. Los empresarios proponen las reformas necesarias, en el marco de un absoluto respeto a los derechos de los trabajadores, pero la dirigencia sindical se opone de entrada y los intentos hechos hasta ahora han fracasado.
Todavía es preciso esperar las conclusiones del Ministerio de Obras Públicas sobre la factibilidad de la restricción ampliada. Sin embargo, la Dirección de Tránsito duda de su capacidad de hacerla respetar con solo 700 policías para vigilar todo el país. En el presupuesto del 2017 no hay dinero para contratar oficiales. En consecuencia, tampoco hay garantía de que la medida paliativa vaya a funcionar. ¡Aviados estamos!