Las intenciones son buenas, pero podrían ser demasiado poco, demasiado tarde. Luego del terrible desgaste de la lucha por el presupuesto y de su aprobación en condiciones cuestionables, el Ministerio de Hacienda anuncia la decisión de bajar el déficit fiscal en un punto por medio de ocho decisiones, incluyendo la aprobación del impuesto al valor agregado (IVA).
Durante el difícil debate presupuestario, el Gobierno rechazó la posibilidad de rebajas, luego la aceptó, pero hizo una propuesta donde el ahorro verdadero era muy reducido y, por último, el oficialista presidente legislativo dio por aprobada la versión original del plan de gastos, pese al rechazo mayoritario de los diputados presentes el día de la votación final.
El monto original de ¢7,9 billones implica un crecimiento del 19% en relación con el presupuesto del 2014 y responde, en parte, a la política salarial aplicada a los funcionarios públicos y al incremento desproporcionado en el giro a las universidades estatales. El resultado es un déficit financiero del 6,7% del producto interno bruto (PIB), financiado en solo un 54% con recursos sanos. Ante la crítica, Hacienda ofreció reducir ¢100.000 millones posponiendo la amortización de deudas, ¢60.000 millones congelando sumas no ejecutadas el año anterior y ¢61.000 millones en ahorro de horas extras, viajes al exterior y viáticos. La oposición no tardó en señalar que solo esta última medida es un ahorro real, porque la primera agravaría la situación fiscal en el futuro y la segunda es un mero recurso contable.
Cuestionada la maniobra, el Gobierno envió al diputado Morales Zapata a la comisión legislativa donde Ottón Solís y otros legisladores debatían nuevos recortes. La misión era clara y se ejecutó al tiempo que la Casa Presidencial contrataba al hijo del diputado independiente que cedió su lugar en la comisión a Morales. Esta otra maniobra también causó resquemor.
Luego vino la aprobación del plan de gastos con la mayoría en contra y una consulta a la Sala IV planteada por la oposición indignada. Por último, unas declaraciones del presidente, Luis Guillermo Solís, más tarde aclaradas en un artículo de opinión, condujeron a creer que el mandatario exigiría a los jerarcas gubernamentales ejecutar la totalidad de sus presupuestos. El propio Ottón Solís dirigió una carta al Gabinete solicitándole hacer lo contrario. El camino, demasiado tortuoso, no contribuye a cimentar la confianza.
Ahora, Hacienda propone reducir un punto del déficit con la promesa de una política salarial austera (aumentos menores que la inflación), el ahorro de ¢61.000 millones ofrecido pero no aprobado durante el debate presupuestario, el congelamiento de plazas y la creación del IVA, entre otras medidas.
Pero el IVA y cualquier otro impuesto dependerán de la recuperación de la credibilidad desgastada durante el tortuoso camino del presupuesto, sin contar la conmoción causada por la posterior aprobación del Código Procesal Laboral. Ahora le toca al Gobierno dar el primer paso y demostrar los buenos propósitos con el cumplimiento de las medidas que son de su resorte. Eso tomará tiempo.
Por ahora, la propuesta de Hacienda es una reedición de la promesa de campaña formulada por el presidente Solís cuando habló de demostrar el gasto eficiente durante dos años, antes de intentar la aprobación de nuevos impuestos. No parece haber ambiente en el Congreso para aumentar impuestos, pero, si el Gobierno restringe su política salarial, congela plazas y ahorra, más allá de los ¢61.000 millones criticados en su momento como insuficientes, podría restablecer la credibilidad necesaria.