Desde el 15 de julio, cuando importantes sectores de la ciudadanía turca lograron frustrar un golpe de Estado, la actividad de las autoridades se ha centrado en perseguir y arrestar a los supuestos responsables y cómplices de la asonada.
El restaurado presidente Recep Tayyip Erdogan ha desplegado esfuerzos extremos para detener a quienes él atribuye la autoría del atentado. Con ese objetivo, o quizás excusa, ha incluido en la megarredada a cuantos sospechosos aparezcan para remitirlos a las cárceles.
Además de los alzados, Erdogan ha resuelto despejar su panorama político encarcelando a académicos, estudiantes y maestros simpatizantes o no del exiliado intelectual, religioso y popular autor Fethullah Gülen, odiado por el dictador turco.
Lo curioso de esta encrucijada es que, en épocas más tempranas, Erdogan y Gülen eran grandes amigos. Con el tiempo, Erdogan llegó a verse eclipsado por el arraigo de Gülen entre miles de adherentes a sus doctrinas. La amargura de sentirse menos lo llevó a expulsarlo de Turquía. Así, Gülen acabó en Estados Unidos donde sus obras ya circulaban ampliamente.
Una consecuencia de este giro fue que Erdogan declarara a Gülen su enemigo número uno y fuente intelectual del fallido golpe. En consecuencia, Turquía pidió a Estados Unidos la extradición y entrega de Gülen. Este tema ha movilizado a muchos adeptos del dirigente, quienes rechazan las acusaciones de Erdogan.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos estudia el asunto, pero no hay optimismo en las tiendas de Erdogan de que su perseguido sea entregado a las autoridades turcas. Es muy remota la posibilidad de que Washington acceda a la rendición de Gülen, pues tal solución resquebrajaría un sólido historial de negativas.
Entre tanto, las actuaciones de Erdogan atizan las críticas. Las detenciones son tantas que empiezan a verse limitadas por falta de espacio en las cárceles. El gobernante, empeñado en mantener la ola de encarcelamientos, decidió vaciar las celdas de delincuentes comunes, que ya están siendo liberados por miles y puestos en la calle.
Los números intranquilizan a la ciudadanía, preocupada por el impacto de las liberaciones sobre la seguridad pública. Lo más polémico de la iniciativa es que las liberaciones se ejecutan sin injerencia de los tribunales, al amparo de un decreto de emergencia emitido para enfrentar el frustrado golpe. El gobierno anunció la intención de sacar de las cárceles a decenas de miles de reos, aunque enfatizó que se trata de detenidos cuyas ofensas no involucraron la violencia.
Más allá de las implicaciones de la liberación masiva de reos, preocupa que sean necesarias para llenar las cárceles de opositores del gobierno, muchos, sin duda, involucrados en el golpe y otros cuya participación es menos clara en un país donde el respeto a los derechos civiles, incluida la libertad de prensa, no ha sido una constante. Los críticos señalan la detención de miles de personas, sin cargos judiciales pendientes, por meras sospechas o acusaciones inconsistentes.
Las detenciones han diezmado las filas de universidades, instituciones gubernamentales, la prensa, el Poder Judicial y otras instituciones. Profesores, estudiantes y abogados, entre otros profesionales, tomarán el lugar de los reos liberados.
Provisionalmente, cientos de detenidos fueron escoltados hasta instalaciones deportivas, transformadas en cárceles. La represión también se extendió al despido de trabajadores en diversas ocupaciones y la incautación sumaria de bienes.
El plan que Erdogan ejecuta es contrario a los más elementales preceptos del derecho en el mundo civilizado. Quebrantos y excesos de este calibre no deberían ser ignorados. Encontrar alivio en la amistad con Vladimir Putin es ya un pésimo síntoma.