La mejor representación de la crisis de la seguridad social son los salones del Hospital Calderón Guardia donde un hombre, con los dos brazos enyesados y vestido con bata femenina, espera una operación urgente cuya fecha no ha sido programada porque las salas de recuperación están llenas. Su esperanza es ser operado antes de la Nochebuena y dice haber esperado dos horas para orinar debido al exceso de pacientes en el área donde se encuentra.
Es un retrato espeluznante, cuyos trazos son visibles en los pasillos, donde los pacientes esperan en camillas el momento de la operación. La espera puede prolongarse por horas, con la vía del suero puesta y completa la preparación para ingresar al quirófano.
Es difícil de creer la existencia de tan profundo deterioro de la atención médica en Costa Rica, pero el mal está a la vista. Hombres y mujeres comparten los mismos salones, escasean los soportes para sueros, no hay suficientes camillas y muchas se utilizan para sustituir a las camas, todavía más escasas. El esparadrapo impera como solución rápida al desgaste de los equipos y los pacientes internados pueden considerarse afortunados, pese a tantas limitaciones, porque al menos superaron las largas listas de espera para el ingreso al centro médico.
Todo eso ocurre en el mismo hospital donde la huelga de anestesistas obligó a cancelar cientos de operaciones. Es, también, el centro médico donde cinco quirófanos nuevos son utilizados como bodegas, y un grupo de empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social intentó paralizar labores para apoyar a su sindicato en la lucha por preservar el pago abusivo de las incapacidades. Ese y otros costosos privilegios drenan recursos institucionales necesarios para solventar las calamitosas situaciones descritas por La Nación en una larga lista de informaciones publicadas en el transcurso de los últimos meses.
Hay suficiente culpa para repartir. La ilimitada voracidad de los sindicatos y la debilidad de los jerarcas frente a sus demandas es un factor determinante. También es de capital importancia la evasión del pago de cuotas por parte de los patronos y el abuso de los servicios por los asegurados. El incumplimiento del Estado, siempre moroso y obligado a pagar su parte con bonos, es un pesado lastre para las finanzas de la institución. Muchos médicos, cuyos intereses no siempre están alineados con los de la Caja, contribuyen a frenar las medidas correctivas necesarias.
Ningún partícipe en la ecuación de la seguridad social se libra de culpa, pero el lugar preeminente pertenece a la demagogia de la dirigencia política nacional, siempre dispuesta a tomar atajos y dejar los problemas a cargo del sucesor. Las circunstancias exigen repensar la seguridad social y muchos de sus componentes, incluso más allá de las acertadas recomendaciones de la comisión de expertos nombrada para estudiar la situación.
Esa comisión y el camino recorrido hasta su creación son, en sí mismos, reveladores de uno de los más importantes problemas estructurales de nuestra seguridad social. Meses antes, la Presidencia de la República había fracasado en el intento de crear una comisión similar. Advertido sobre la gravedad de la situación, el Gobierno pretendía establecer un organismo integrado por técnicos capaces de analizar los problemas con desapego de intereses gremiales o agendas partidarias. No lo logró, porque los grupos representados en la junta directiva exigieron participación con el evidente fin de proteger sus intereses.
Primero, la exigencia vino de los sindicatos, pero los patronos no iban a permitir la integración de la comisión sin su presencia para contrarrestar la del sector sindical. En lugar de exigir apego a la propuesta original de la mandataria, los empresarios postularon un candidato para representarlos. Ese juego de intereses gremiales, en detrimento de los criterios técnicos, ejemplifica los problemas fundamentales de la Caja y las razones existentes para repensarla.