La promesa de poner orden en las remuneraciones del sistema financiero público fue un tema prominente al inicio del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís. En línea con esos ofrecimientos, el mandatario reaccionó con rapidez y firmeza ante los excesos salariales pretendidos por la nueva intendenta de pensiones, quien no llegó a ocupar el cargo luego de que la Presidencia manifestara su “inconformidad y decepción” por el nombramiento.
La repartición de cargos en la Directiva del Banco Nacional de Costa Rica no es menos grave. Quizá sea todavía peor, porque más allá de la suma de dietas, hay serias implicaciones para el gobierno corporativo de la institución financiera más grande del país, con un 28,2% de participación en el sistema bancario por activos y un 27,8% por préstamos, según datos actualizados a junio del año pasado.
Los directivos del Nacional se han nombrado a sí mismos en las juntas directivas de BN Valores, BN SAFI, Bicsa y BN Corredora de Seguros. Otros nombramientos recaen en funcionarios de la alta gerencia. Las sesiones de esas directivas se pagan a razón de entre ¢202.940 y ¢212.800. La Junta también organizó las sesiones para celebrarlas de manera consecutiva, el mismo día.
Por el otro lado de la moneda, hay problemas para integrar el Comité de Auditoría del Banco, cuyas sesiones no pagan dietas. La presidenta de la Junta Directiva, Ana Solano Brenes, preguntó en una sesión donde se trataba el tema si no habría manera de “incentivar” la participación de directores en el comité.
En suma, la Junta Directiva se muestra ansiosa de participar en cuantas sesiones sea posible, todas bien remuneradas por las dietas. Para asistir sin inconvenientes, acomoda los horarios de manera que exijan la menor cantidad de tiempo posible. Los directores son menos entusiastas cuando se trata del importantísimo Comité de Auditoría, donde no hay retribución.
Hasta ahí, la discusión pertenece al mundo de los excesos remunerativos en las instituciones financieras del Estado, razón suficiente para llamar la atención del mandatario, como ocurrió en el caso de la intendenta de pensiones. Pero las repercusiones del acaparamiento de puestos son mucho mayores.
Los directivos del Banco Nacional se nombran a sí mismos directores de las subsidiarias. Es decir, responden ante sí mismos por lo que en ellas suceda. Hay otros órganos supervisores del sistema financiero con injerencia en esos asuntos, pero corresponde a la Junta Directiva del Banco Nacional, en primera instancia, velar por el desempeño de sus subsidiarias.
En consecuencia, la repartición de puestos en las demás directivas es también un tema de sano gobierno corporativo y posibles conflictos de intereses. En esa dirección apuntan, con toda claridad, las preguntas formuladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en una carta donde pide al Banco Nacional explicaciones sobre los nombramientos.
También surgen dudas de la idoneidad de los directores para desempeñarse en los cargos adicionales. Aparte de manejar el banco más grande del país, los nombramientos implican confianza en sus habilidades especializadas en una amplia gama de actividades: seguros, operaciones bursátiles, pensiones y fondos de inversión, entre otras.
La Sugef no ha pasado por alto este aspecto, pues una de las preguntas se refiere a los “elementos técnicos valorados para la conformación de los órganos de dirección de las subsidiarias”, como “experiencia profesional, formación académica, idoneidad y experiencia específica en los tipos de negocio que realiza cada subsidiaria, entre otros”.
Dos directivos del Banco, Víctor Ramírez y Jeannette Ruiz, identificaron los problemas con claridad y se han opuesto a los nombramientos, rehusándose a aceptar los cargos adicionales, pero están en minoría. Sus advertencias, sin embargo, evidencian la magnitud del problema.
La Casa Presidencial no puede mostrarse indiferente, en especial porque dos de los directores con más cargos fueron nombrados por la actual administración, como también, es justo señalarlo, los dos que se han opuesto a los nombramientos.
Ayer el mandatario se limitó a señalar la necesidad de revertir los nombramientos; no obstante, la Presidencia debe dejar en claro si, según su criterio, los directores han actuado de conformidad con el espíritu de servicio ofrecido para orientar el cambio en la política nacional. Cuando la intendenta renunció sin asumir el cargo, el presidente Solís le atribuyó haber “interpretado correctamente el clamor del pueblo costarricense, que es el del gobierno, de procurar una administración austera, eficaz y a tono con el esfuerzo nacional de reducción del gasto público”. En el caso del Banco Nacional, otros adjetivos vienen a la mente.