La Corte Plena aprobó, el lunes, el sistema de medición del desempeño de los jueces, fiscales, defensores, policías y funcionarios administrativos. El reglamento obedece a la tesonera labor del magistrado Rolando Vega y exigió un intenso trabajo a lo largo de cinco años. La iniciativa no ha carecido de opositores, como suele suceder en estos casos, pero es un paso trascendental para la rendición de cuentas en el Poder Judicial y un estupendo ejemplo para el resto del Estado.
Para respetar la independencia judicial, la medición será fundamentalmente cuantitativa. No se pronunciará sobre el fondo de los fallos, pero sí sobre la mora en cada despacho, el número de expedientes resueltos y el tiempo invertido en su tramitación. Hay, por supuesto, casos más difíciles que otros, y en algún momento la complejidad deberá entrar en juego para explicar la dilación de una sentencia.
Los indicadores de desempeño se incorporaron a 95 matrices aplicables a diversos puestos en la administración de justicia, incluyendo a los propios magistrados. Los funcionarios serán calificados con una nota y los mejores tendrán prioridad al optar por becas, cargos de docencia en la Escuela Judicial y participación en comisiones. Quienes resulten deficientes serán sometidos a un plan de mejora y capacitación, bajo supervisión de su jefatura inmediata y con apoyo de la Escuela Judicial.
La evaluación anual se hará con base en la información aportada por el sistema de gestión judicial, salvo en los despachos no incorporados a ese mecanismo de control, en cuyo caso la nota se fundamentará en informes. El fuerte énfasis puesto en la productividad será complementado, en un futuro cercano, con evaluaciones de satisfacción del usuario, relaciones humanas y trabajo en equipo.
En sus 187 años de historia, el Poder Judicial jamás evaluó el desempeño de los jueces de forma sistemática y estructurada. La evaluación, unida a la Gestión Integral de Calidad y Acreditación (GICA), todavía incipiente, puede crear un ambiente de mejora continua para beneficio de los usuarios. La GICA establece estándares de gestión en los despachos para uniformar la organización, agilizar los procesos y mejorar la atención al usuario. Si a los sistemas de control y evaluación se les suma la oralidad, cada vez más extendida en los procedimientos judiciales, la aspiración de justicia pronta y cumplida podría dejar de ser una quimera.
El ejemplo del Poder Judicial es digno de imitación en otras instituciones estatales, donde la evaluación del desempeño no pasa de ser una ficción. Un estudio de la Contraloría General de la República, fechado en el 2009, denunció la inutilidad de los sistemas de evaluación vigentes en el 76,5% de las instituciones analizadas para rendir el informe.
Por su parte, el Ministerio de Planificación determinó que solo 13 de 160.000 empleados públicos dejaron de obtener anualidades por bajo rendimiento, lo cual demuestra, prima facie, la ineficacia de los sistemas de evaluación y la inutilidad de las anualidades como medio para incentivar la mejora. Si el beneficio es prácticamente automático, con solo 13 salvedades en 160.000 casos, no es mucho el esfuerzo requerido para “ganarse” el incentivo.
La Corte no ofrecerá incentivos económicos al buen desempeño, y el sistema de evaluación adoptado el lunes es un primer paso, ajustado a las necesidades y posibilidades del Poder Judicial en este momento, pero no deja de ser un ejemplo. El Estado, en su totalidad, necesita mecanismos adecuados y uniformes para evaluar a sus empleados, distribuir con justicia las compensaciones y asegurar la prestación de servicios de calidad.
Ni los sistemas de evaluación deben ser una pantomima ni los llamados “pluses salariales”, un medio para inflar las planillas sin beneficio para los usuarios ni estímulo al buen desempeño de los funcionarios.
Los servidores públicos se deben al ciudadano y el Poder Judicial parece decidido a demostrar su compromiso con esa premisa básica de la democracia.