La figura del Estado es una construcción social para alcanzar objetivos bien definidos en campos como la salud, la educación y la infraestructura, entre otros. El Estado no es un fin en sí mismo. Vale en función del buen servicio ofrecido a los administrados, que pagan el costo mediante impuestos. Por eso es importante la sistemática rendición de cuentas ante los ciudadanos sobre los bienes y servicios suplidos por las agencias estatales, tanto del Gobierno Central como de las entidades autónomas, empresas públicas y municipios.
Para verificar la eficacia de los servicios del Gobierno, es necesario contar con un sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios públicos. Esto es particularmente importante en sectores como educación, salud y seguridad, intensivos en el uso de factor humano. Sin embargo, solo 43 de los 80.000 empleados del Ministerio Educación Pública (MEP) tuvieron, a juicio de sus jefes, mal desempeño en el 2016 y, por tanto, el 99,94% de los empleados recibieron aumentos sobre el salario base que ascienden a ¢139.000 millones. Semejante “calificación” despierta dudas legítimas sobre la bondad del sistema utilizado por el MEP, y el gobierno en general, porque el fenómeno se repite fuera del sector educativo.
Una parte importante de lo que el gobierno se propone ejecutar en un período dado, por ejemplo, en un año, suele incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo. Con base en las metas en él establecidas, y los logros constatados al final del período, también se puede evaluar la calidad de la ejecutoria. La agencia estatal a cargo de liderar ese ejercicio es el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), que en materia de política económica prácticamente no tiene voz. Pero en este empeño también se observan debilidades necesitadas de enmienda.
Como informamos el 15 de junio (“Contraloría duda de logros reportados por el Gobierno”), muy pocas de las metas establecidas para el 2016 recibieron de la Contraloría General de la República la calificación de “conclusión limpia”. Bastantes fueron consideradas “conclusión con reservas” y algunas hasta se calificaron como de “conclusión adversa”.
En esta materia existe desde hace mucho tiempo un modelo de evaluación conocido como “marco lógico”. Una vez identificada una necesidad social (por ejemplo, reducción de los días promedio de espera para un cateterismo o los kilómetros por pavimentar de la red vial nacional) establece la mejor manera de satisfacerla. Con base en esa información se definen las acciones concretas, quiénes serán los responsables de ejecutarlas y el plazo para hacerlo, así como el punto de salida (línea base), las metas y los medios de verificación de logros. La Contraloría encontró deficiencias en muchos de estos aspectos, como el establecimiento defectuoso de la línea base, la definición imprecisa de metas y la falta de procedimientos confiables para recolectar información.
Las deficiencias señaladas, y otras identificadas por la Contraloría, deben ser enmendadas por Mideplán, para lo cual no se requiere más que estudiar y aplicar metodologías de evaluación de proyectos harto conocidas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuenta con una Oficina de Evaluación (EVO, por sus siglas en inglés) que desde hace mucho tiempo produce literatura y guías concretas. Conviene aprovechar nuestros vínculos con el BID para mejorar el proceso de evaluación de proyectos.
También es fundamental depurar el análisis para incluir indicadores no solo de logros, sino de su costo y, por inferencia, del valor social obtenido a cambio del dinero gastado en los diversos propósitos. No basta con informar que se construyeron 100 edificios de aulas o 90 kilómetros de carretera asfaltada si no se informa del costo unitario de esas obras. Tampoco procede informar que se construyó un centro de convenciones si no se dice cuánto costó. El costo unitario revela si el dinero está siendo bien gastado o si, por el contrario, algunos logros son demasiados caros.
El intento de fijar metas a los entes públicos es bienvenido, pero la evaluación de la ejecutoria debe adoptar el modelo de marco lógico u otro similar y, dada la pléyade de entidades públicas en Costa Rica, el ejercicio debería comenzar por los de mayor presupuesto. Tienen la palabra la presidencia de la República, Mideplán y la Contraloría.