Cuando una institución no brinda los resultados esperados, sus jerarcas deben responder con sus cargos. El Ministerio de Hacienda no está conforme con la recaudación aduanera y sustituyó a los altos mandos en procura de mejorarla. Entre el cobro del impuesto de ventas en la aduana y la recaudación posterior, cuando el comercio vende los artículos a los consumidores, hay un importante desfase.
La parte del impuesto de ventas cobrada en aduanas aumentó, en los primeros siete meses del año, en apenas un 0,9%, pero la recaudación en los comercios creció un 5,3% en el mismo periodo. El exdirector de aduanas atribuye la diferencia a los productos importados por la Refinadora Costarricense de Petróleo. Dependiendo del grado de terminación de esos productos, el pago del impuesto de ventas en aduanas puede ser mayor o menor, con lo cual se altera la proporción frente a la recaudación en el mercado interno. Sin embargo, el desfase entre lo recaudado en aduanas y en el comercio nacional es muy grande para explicarlo por ese único factor.
En cualquier caso, el Gobierno tiene la obligación de organizar las dependencias públicas en procura de la mayor eficacia y, tratándose de la recolección de impuestos en un momento de graves dificultades fiscales, la preocupación demostrada por la reorganización es encomiable.
La reacción inicial de los importadores es de preocupación por los posibles efectos del incremento en los controles sobre la agilidad del comercio. La labor de la dirección de aduanas no consiste, exclusivamente, en aumentar el cobro de impuestos y garantizar el control necesario. También es importante cumplir esos objetivos con agilidad. En eso llevan razón los importadores, pero las dos funciones no son incompatibles.
La dirección de aduanas debe ejercer un control satisfactorio y recaudar lo debido, de conformidad con la ley, en forma ágil y eficiente, entre otras razones por el destacadísimo papel de las importaciones en la producción nacional, incluso de bienes de exportación fabricados o cultivados con insumos traídos del exterior.
El objetivo no es recaudar impuestos, sino hacerlo bien desde el punto de vista del cobro y también de la agilidad, para lo cual es preciso revisar los procedimientos y sistemas. Si el remezón en aduanas lo animan ambos objetivos, no habrá razones para objetarlo. La competitividad del país no puede basarse en la eliminación o laxitud de los controles necesarios.
Pero si los controles mejoran para el comercio legítimo, es también necesario librarlo de la desleal competencia del contrabando. Eso incluye perfeccionar la supervisión ejercida sobre los funcionarios aduanales y combatir el ingreso ilegítimo de mercaderías por otros medios.
En la corriente legislativa existe un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra los contrabandistas, hasta ahora prácticamente impunes. En nuestro país, el delito no puede ser castigado si el valor de la mercadería importada ilegalmente es inferior a $50.000. Traer embarques valorados en algo menos elimina el riesgo de una sanción penal. El proyecto pretende bajar el umbral de punibilidad a $10.000, cifra límite establecida, desde hace muchos años, para ejercer el control de capitales en la lucha contra el lavado de divisas.
El proyecto también castigaría a quienes integren organizaciones dedicadas a la comisión de delitos aduaneros y crea la figura del contrabando fraccionado, esa sí con un límite excesivamente severo de $10 en un periodo de 12 meses. La Asamblea Legislativa debe estudiar el proyecto con detenimiento, para eliminar excesos y perfeccionar cuanto sea necesario pero, en sus aspectos medulares, no debería haber problemas para forjar un amplio consenso en torno a la iniciativa.