Algo anda mal en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Es una entidad pública diseñada para controlar y racionalizar los incrementos en el costo de los servicios públicos, pero, irónicamente, sus propios gastos (y cánones) se han desbordado. Así lo revela un comprensivo reportaje de La Nación publicado la semana pasada. De él vamos a extraer algunas cifras inquietantes y formular cuestionamientos que deben ser clarificados.
En los últimos cuatro años, los gastos de la Aresep se han incrementado un 52%, porcentaje equivalente a más del doble del aumento en el índice de precios al consumidor (IPC). Solo en el último año, período que registró una de las inflaciones más bajas, el alza fue del 38%. En términos nominales, el canon que cobra la Aresep a los entes regulados pasó de ¢6.742 millones a ¢9.863 millones, cifra que parece aún más extraordinaria cuando se detallan las erogaciones por salarios, remuneraciones y alquileres que paga la entidad por un lujoso edificio en Escazú.
En el 2010, los sueldos y alquileres eran de ¢5.663 millones y ¢809 millones, respectivamente; en el 2014, los sueldos habían crecido a ¢9.157 millones (52%) y los alquileres, luego de una rebaja en el 2012, volvieron de nuevo a crecer. La partida de sueldos y salarios, incluyendo las jugosas remuneraciones de los jerarcas, sirve para financiar los 287 empleados que fijan las tarifas de un número limitado de entidades y empresas bajo su responsabilidad. Aunque hay 67 de ellas, solo 4 son numéricamente relevantes: ICE, CNFL, Recope y AyA.
¿Por qué se necesitan tantos funcionarios y tan bien remunerados para fijar el precio de un puñado de entidades relevantes? ¿Cuál es la eficiencia y productividad de la Aresep como un todo y de cada uno de sus empleados? Nótese que la Aresep no regula el funcionamiento ni gastos de las entidades reguladas –aspectos que corresponden a la Contraloría General de la República–, sino únicamente las tarifas. También se debe notar que la Aresep nunca presentó el proyecto para modernizar el cálculo y cobro de las tarifas de los distintos servicios públicos, a lo que se comprometió hace más de cuatro años, sino que se limita a verificar y avalar los costos contables de las entidades reguladas.
Lo anterior nos lleva a cuestionar el propio modelo establecido por la Aresep para fijar los cánones individuales que cobra a cada una de las entidades reguladas. Al ICE, por ejemplo, le cobra ¢1.274 millones anuales por fijar las tarifas eléctricas que resultan relativamente más complejas, pero a Recope le cobra casi el doble –¢2.230 millones– por establecer precios que son mucho más sencillos de fijar. Los tres principales componentes del valor de los combustibles están legalmente determinados o provienen de las cotizaciones del mercado internacional y no se requieren cálculos alambicados para determinarlos.
Estos componentes son los impuestos internos (30%), el valor de los combustibles importados en el mercado internacional (alrededor del 52%) y el margen de las gasolineras (7%). En siete años, desde el 2008 a la fecha, el cobro real por ese mismo canon aumentó para la Refinadora en un 1.348%, sin que nada hubiera cambiado en la complejidad de los cálculos. ¿Se justifica un incremento del canon tan excesivamente elevado para aplicar fórmulas matemáticas relativamente sencillas? La respuesta sale sobrando.
La Aresep nunca ha definido con claridad los criterios objetivos y racionales para fijar sus propios cánones. Por esa razón –asumimos–, la Contraloría General de la República, desde el 2009, definió que, antes de avalar el canon, tomaría en cuenta las posibilidades reales de pago según cada sector –criterio que, en términos de costos reales por realizar el servicio por parte de la Aresep, no parece apropiado– y las supuestas horas que le tomaría a la entidad regular cada servicio. ¿Se está tomando en cuenta la eficiencia y productividad de los empleados de Aresep a la hora de fijar ese canon?
La conclusión es que la Aresep, órgano regulador de los servicios públicos, está muy pobremente regulada por la Contraloría General de la República, por su Junta Directiva, por el Gobierno de la República y por su propia ley orgánica.
Se impone una revisión exhaustiva de todos los aspectos anteriormente mencionados, lo cual debería ser una de las iniciativas más importantes y urgentes a emprender por el nuevo Gobierno de la República.