Por fin, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) admite la necesidad de hacer ajustes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), encargado de jubilar a la gran mayoría de costarricenses, con excepción de los beneficiados por los privilegiados sistemas especiales.
Como lo hemos venido apuntado durante los largos años de debate sobre la sostenibilidad del IVM, las opciones no son halagüeñas y tampoco hay muchas. Es inevitable pensar en extender la edad de jubilación en un país con expectativas de vida cada vez más largas. El aumento de las cuotas implica un golpe para las finanzas de patronos y trabajadores, pero necesariamente estará sobre la mesa de discusión, donde también figurará la posibilidad de recortar beneficios.
Esas son las medidas más realistas, todas difíciles y ninguna rentable desde el punto de vista político. Por eso, exigen valor a los responsables de adoptarlas. El elogio de semejantes medidas parece contradictorio cuando es inevitable admitir los privilegios desproporcionados de otros regímenes, cuyo financiamiento se completa con recursos del presupuesto nacional.
Para ser útiles, las reformas al IVM necesariamente profundizarán las diferencias, pero el reconocimiento de esa realidad solo indica la urgencia de hacer cambios en los demás regímenes hasta dejar de recargar en hombros de todos los privilegios de una minoría. Por lo pronto, es indispensable pensar en el salvamento del IVM, aun a costa de los sacrificios mencionados, no obstante las iniquidades existentes.
Por eso es preciso respaldar a los directivos de la seguridad social y celebrar su ánimo de encarar, por fin, la responsabilidad tantas veces evadida. Entre ese ánimo y las soluciones concretas hay un gran trecho, pero el reconocimiento de la realidad es, en sí mismo, un paso adelante.
La Caja ha transitado de la completa negación y rebeldía frente a las advertencias de la Superintendencia de Pensiones (Supén) a la aceptación de ajustes menores y, finalmente, en este momento, a la admisión de la necesidad de hacer cambios profundos, aunque no todos los directivos se plantean, todavía, la posibilidad de tocar los elementos más sensibles de la ecuación financiera.
El proceso duró años, dejó muchos sinsabores y seguramente contribuyó a agravar los problemas. Nada gana el país, ni los futuros pensionados, con más posposiciones. Por el contrario, mucho se podría perder.
La insistencia de la Supén condujo a la contratación de un estudio actuarial concebido para despejar dudas sobre el futuro del IVM, pero las advertencias del superintendente, Édgar Robles, sobre la relación entre cotizaciones y beneficios o el uso de los intereses del fondo para pagar jubilaciones permite vaticinar, a grandes rasgos, los resultados.
La Dirección Actuarial y Económica de la Caja objetó aspectos del informe preparado por la firma argentina Melinsky y Asociados y, de común acuerdo con la Supén, los cálculos fueron sometidos al análisis de la Escuela de Actuariado de la Universidad de Costa Rica, cuyas conclusiones estarían listas en abril.
Esa circunstancia no le ha impedido a varios directivos admitir la urgencia de los ajustes. Para el director Luis Loría, la reforma por ejecutarse el año entrante es “impostergable”. Otros miembros de la directiva insisten en la importancia de hacer los ajustes en un ambiente de “concertación y diálogo”, o se pronuncian por explorar formas de atraer nuevos contribuyentes, pero ninguno niega la necesidad de actuar para fortalecer el régimen. En eso consiste el avance.
Llegado el momento de tomar decisiones, el peligro está en la tentación de las soluciones a medias y en la adopción de ajustes paliativos. No es realista esperar un consenso y tampoco enderezar el rumbo con el mero reclutamiento de nuevos afiliados. Al valor de admitir la necesidad de los ajustes debe sumarse el coraje requerido para tomar decisiones difíciles.