La Contraloría General de la República planteó tres proyectos de ley concebidos para agilizar las funciones que tiene encomendadas. El propósito declarado de la contralora, Marta Acosta, es lograr procesos de contratación y supervisión más fluidos, sin abandonar los controles sustanciales.
De aprobarse las reformas, las entidades estatales tendrán mayor participación en la tramitación de los proyectos ejecutados con sus fondos. De conformidad con el primero de los tres proyectos, el refrendo de las contrataciones ya no lo hará la Contraloría. Quedará a cargo de las propias entidades y de sus aparatos administrativos.
El control se trasladará para etapas posteriores y no previas de las contrataciones administrativas. Las revisiones no serán menos cuidadosas, pero se producirán cuando no obstaculicen los procesos. Las competencias sustantivas de la Contraloría y sus funciones esenciales quedarán intactas.
Según la contralora Acosta, cuando cada entidad pública asuma la responsabilidad por sus decisiones, desaparecerá la queja tantas veces dirigida a la Contraloría por el atraso de proyectos y licitaciones. Las culpas por las deficiencias posteriores a la ejecución de los proyectos tampoco irán a parar en el despacho de La Sabana.
No cabe duda de que la Contralora tiene razón. Las culpas y quejas no caerán sobre su despacho, pero la aprobación del proyecto permitirá constatar cuánta justicia hubo hasta ahora en los cargos formulados contra la institución. La culpa del atraso en infinidad de procesos no está en la decisión de frenarlos a la hora del refrendo o el control. Los problemas vienen de la administración y la Contraloría, por lo general, se limita a señalarlos.
Licitaciones ejecutadas con grandes deficiencias, contratos mal redactados, procedimientos ignorados son pan de cada día en la Administración Pública. Ahora que la responsabilidad del refrendo pase a manos de las entidades encargadas de ejecutar los proyectos, el país constatará en dónde residen los problemas.
Con todo, ese no es un argumento contra la reforma. La tendencia a ejercer el control a posteriori está muy difundida por razones de eficiencia y las entidades públicas, al asumir mayores responsabilidades sobre los trámites, deberán desarrollar las destrezas necesarias para la buena ejecución.
Un segundo proyecto propone que los diputados y no la Contraloría autoricen los presupuestos de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, tales como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el Consejo Nacional de Vialidad. El propósito es mejorar la ejecución presupuestaria.
La tercera iniciativa pretende desembarazar a la Contraloría de funciones que en realidad no le corresponden. La idea es incrementar las potestades gerenciales de los jerarcas de las instituciones públicas y trasladarles, al mismo tiempo, las responsabilidades propias de esas potestades.
Los proyectos fueron bien recibidos en la Asamblea Legislativa. Algunas fracciones ponen el énfasis en el equilibrio necesario para no renunciar a los controles y otras en la eficiencia esperada. Ambos son objetivos de la máxima importancia y los proyectos merecen la rápida atención de los diputados.
El debate sobre el papel de la Contraloría ha sido largo y frecuentes los intentos de convertirla en chivo expiatorio de la mala ejecución en la administración pública. Ahora que la iniciativa de reforma sale de su seno, es necesario actuar para modernizar el sistema sin renunciar, valga la insistencia, a la esencial función de control.