Después de un prolongado período de incertidumbre, pugnas y hasta contradicciones fácticas sobre la situación financiera actual y proyección a mediano plazo del principal esquema de jubilaciones de nuestro país, al fin la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha fijado un plazo para la reforma del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), que actualmente cobija a más de 224.000 pensionados. En palabras de Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, tan pronto concluya un nuevo estudio actuarial encomendado a la Universidad de Costa Rica, la Junta Directiva de la institución iniciará los procesos de consulta necesarios para definir las medidas por tomar. Idealmente, su aplicación podría decidirse en el segundo semestre del próximo año.
No es necesario enfatizar la importancia del IVM como pilar fundamental de nuestra seguridad social. De su buen desempeño depende, en enorme medida, el futuro de la mayor parte de nuestra población asalariada. De aquí la necesidad de adaptarlo y fortalecerlo ante nuevas realidades y desafíos. Esto requiere, esencialmente, incidir sobre cuatro variables críticas: la edad y el número de cuotas mínimos para acogerse a la pensión; la población cubierta y la relación entre el número de cotizantes y de beneficiarios; el monto de las cotizaciones y la mejora en los rendimientos financieros del fondo.
Además de lo anterior, hay que tomar en cuenta la necesidad de evitar los excesos y abusos en las pensiones por incapacidad e indigencia, y la necesidad de que el Estado cumpla con sus aportes directos a estas últimas y a los beneficios mínimos para no cotizantes. Es decir, se requieren tanto reformas estructurales como mejoras en la gestión administrativa y financiera de los recursos del fondo.
A pesar de que otra reforma, adoptada en el 2005, determinó un aumento gradual en las cotizaciones, así como el incremento en su número y en la edad para pensionarse, a los pocos años quedó de manifiesto que esos cambios ya no resultaban suficientes. Tal como mencionamos en un editorial a principios de este año, los timbres de alarma –a veces no oídos con suficiente atención– comenzaron a sonar en el 2009, cuando se anunció que se utilizaría un pequeño porcentaje de los rendimientos de la reserva del IVM para financiar las jubilaciones, debido a que los aportes de los trabajadores, patronos y el Estado no alcanzaron para cubrir la totalidad de la obligaciones con los pensionados.
La medida se presentó entonces como “coyuntural”; sin embargo, lejos de mejorar, la situación ha empeorado desde entonces, al punto de que en diciembre pasado se anunció que, durante este año, las contribuciones al sistema solo alcanzarán para cubrir, aproximadamente, el 80% de los pagos; por tanto, el 20% faltante se financiará con los rendimientos.
Por el momento no enfrentamos una emergencia, pero sí una situación crítica, que esperamos se aclare en todos sus detalles cuando los expertos de la UCR rindan su informe actuarial. Para nadie es un secreto que nuestra ejemplar esperanza de vida –que está al nivel de los países desarrollados– y los cambios en nuestra pirámide poblacional, relación entre población activa e inactiva cada vez más desventajosa, es el mayor desafío estructural del régimen. A la vez, la mayor calidad de vida de la población mayor de 65 años ofrece oportunidades para que se mantenga productiva por mayor tiempo y, por tanto, pueda extenderse la edad de jubilación.
Cómo lograr el balance más adecuado entre estos y otros factores es una tarea sumamente delicada que, además, toca intereses de muy diversa índole. Por otra parte, no debería verse como divorciada de las reformas, igualmente urgentes, a los regímenes especiales. Si el Estado logra reducir la transferencia de recursos a estos sistemas, la mayoría de privilegio, sería posible que trasladara una parte al fondo del IVM y, así, se pudiera reducir el incremento en las cuotas.
En la discusión que viene es indispensable que primen un alto sentido de responsabilidad, justicia y sensatez económica, así como un compromiso real para que la reforma se haga con apego a los desafíos reales, a las necesidades evidentes y al imperativo de que uno de los mayores instrumentos de nuestra seguridad social pueda mantener su integridad y vigencia.