Una monstruosa injusticia está a punto de suceder. Las pensiones de privilegio del Poder Judicial podrían resultar beneficiarias de la crisis del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando la Junta Directiva de la Caja eleva los aportes estatales al IVM, la ley exige incrementar, en el mismo porcentaje y automáticamente, las contribuciones al sistema de jubilaciones de la Corte.
Para salvar al IVM, la Caja piensa elevar en un punto porcentual las cotizaciones de los trabajadores y aumentar las estatales del 0,58% al 1,24%. El 0,66% adicional también incrementará los ingresos del Poder Judicial, cuyo insostenible sistema reparte jubilaciones exorbitantes en comparación con las del IVM.
La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) también se verá beneficiada, aunque el ajuste en las cuotas es para rescatar al IVM, no al sistema especial de los maestros. Como en el caso del famoso “enganche” médico, la ley no permite acudir en auxilio de los más necesitados sin pagar tributo a la burocracia.
El IVM recibirá ¢54.000 millones adicionales a los ¢50.000 millones de la actualidad, aunque Hacienda estima el aumento en al menos ¢60.000 millones. En Jupema, la modificación elevará el aporte a ¢12.456 millones en el 2017, ¢6.629 millones más de lo previsto. El cálculo del ingreso adicional para el sistema del Poder Judicial está pendiente, pero ese régimen recibió ¢1.350 millones el año pasado.
El gobierno teme el efecto de las nuevas erogaciones sobre el déficit fiscal. El aumento elevará la contribución estatal a los regímenes básicos de pensiones a alrededor de 0,4% del producto interno bruto (PIB), según el viceministro de Hacienda José Francisco Pacheco. Eso significa un gasto de ¢123.000 millones de conformidad con el PIB estimado para este año y se financiará, por completo, con endeudamiento.
El caso pone en evidencia la necesidad de revisar la legislación sobre pensiones, para que el salvamento de un régimen no implique el enriquecimiento de otros y, también, las preocupantes limitaciones de las soluciones propuestas hasta ahora para el IVM. Los aumentos aprobados por los directivos de la Caja no resolverán el problema, pero pondrían en aprietos a las finanzas públicas aunque no existiera la obligación de aplicarlos a los otros sistemas de jubilaciones. También hay un límite para los aumentos en las cotizaciones.
Según el ministro de Hacienda, Helio Fallas, la decisión de la Caja es inaceptable. El ajuste fue anunciado antes de darse a conocer las precarias condiciones del IVM detectadas por un estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica. La Caja, sin embargo, no está obligada a tomar en cuenta el criterio del ministro, dada su autonomía administrativa.
El gobierno también se resiste a la decisión de aumentar en un punto porcentual la contribución de los trabajadores. Según Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, la medida debe ser parte de un amplio proceso de consulta con los sectores involucrados que “se integran naturalmente en la mesa tripartita de negociación, donde están representados los trabajadores, los patronos y el Estado”.
Estado, patronos y trabajadores estuvieron siempre representados en las juntas directivas de la Caja donde se tomaron ruinosas decisiones sobre el IVM, incluida la tolerancia demostrada hacia la falta de transparencia de la institución, empeñada contra viento y marea en convencer al país de la posibilidad de sostener el régimen durante varias décadas más, pese a la abundante evidencia en contrario. La reforma necesaria va más allá de aumentar las cotizaciones y la edad de jubilación, o de disminuir los beneficios. Es preciso revisar integralmente la legislación y el sistema, sin abandonar el principio de solidaridad.