El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió recientemente una serie de valiosas recomendaciones dirigidas a mejorar la política económica de los países latinoamericanos. Aunque son de carácter general y varían según los grupos de naciones, un examen minucioso determina que la mayoría es aplicable a realidades como la nuestra. Eso les confiere relevancia para el nuevo Gobierno de Costa Rica, que da los primeros pasos en la definición de su política económica.
La visión general del organismo técnico puede resumirse así: la crisis económica internacional les pasó su costosa factura a los países latinoamericanos en términos de pérdida de dinamismo de las exportaciones y menores tasas de crecimiento real. La región, como un todo, apenas crecerá un 2,5% en el 2014 y mejorará levemente en el 2015 (3%). Aunque Centroamérica, incluyendo a Costa Rica, crecerá a una tasa superior al promedio (3,5%), eso será insuficiente para absorber la creciente fuerza laboral, disminuir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.
Además, hay nuevos riesgos asociados con el cambio en la política económica del Banco de Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) de EE. UU., que ha tenido, y tendrá, un fuerte impacto en las naciones emergentes y en desarrollo. El efecto consiste en mayores tasas internacionales de interés, volatilidad cambiaria, menores y más costosas fuentes de financiamiento externo, vulnerabilidad fiscal y fragilidad de los sistemas financieros.
Las recomendaciones de política económica se vinculan directamente con las causas de los desequilibrios. Combatir el bajo crecimiento de la producción no será fácil mientras las economías de los países desarrollados no se recuperen plenamente, y los países de la región no profundicen sus reformas estructurales. Eso puede durar varios años, pero sí es posible desarrollar acciones inmediatas para paliar los riesgos de carácter financiero provocados por el cambio en las políticas monetarias de la FED. Lo mismo se puede hacer con los riesgos de origen interno, como los faltantes fiscales, que pueden exacerbar las vicisitudes nacidas en el exterior y la fragilidad de algunos sistemas financieros tras el endurecimiento de las condiciones del crédito externo.
La decisión de la FED de reducir paulatinamente las compras de títulos de deuda del Gobierno estadounidense y de hipotecas de los bancos comerciales, comienza a provocar ajustes en las tasas de interés de largo plazo y afecta los tipos de cambio en casi todos los países latinoamericanos. Esos ajustes han sido moderados, pero podrían incrementarse. La recomendación es mostrar flexibilidad cambiaria para permitir un ajuste ordenado, evitar la volatilidad innecesaria y, fundamentalmente, permitir variaciones hacia arriba para ajustar las balanzas de pagos, anteriormente financiadas, en buena parte, con entradas privadas de capital.
Al mismo tiempo, el FMI recomienda a nuestros países preservar los niveles de reservas, que bien pueden resultar indispensables para amortiguar necesidades imprevistas en el ámbito cambiario. La percepción del FMI es que los ajustes en el tipo de cambio real producirán efectos positivos en las exportaciones, dada la apreciación de las monedas en años anteriores y la necesidad de restaurar la competitividad de la producción nacional. En ese sentido, las políticas de flexibilidad e intervención de nuestro Banco Central en estos últimos meses parecen bien orientadas.
El informe también menciona que los países emergentes y en desarrollo deben comprender que el período de bajas tasas de interés y abundante financiamiento en el mercado internacional se está acabando rápidamente. Y eso va no solo para los Gobiernos, sino, también, para los sectores privados, acostumbrados a financiarse con holgura en el exterior. Las tasas de interés han venido subiendo y subirán aún más en los mercados internacionales cuando la FED comience a incrementar sus tasas de corto plazo. La prudencia aconseja disminuir la exposición a deudas para reducir vulnerabilidades. En el caso del endeudamiento externo oficial, el Fondo recomienda adoptar acciones decisivas para reducir los déficits fiscales, que han venido creciendo peligrosamente. Ese es, precisamente, el caso de Costa Rica, donde el déficit del Gobierno Central crece este año al 6% del PIB, y el del sector público consolidado podría exceder el 7% del PIB, con grave riesgo de aumentos incontrolables en la deuda pública que podrían poner en entredicho la estabilidad.
En el caso del endeudamiento externo de los sectores privados, principalmente los bancarios, el Fondo recomienda adoptar medidas macroprudenciales para evitar las crisis externas. El sistema financiero costarricense, afortunadamente, no parece un caso en cuestión. Pero la recomendación nunca está de más, sobre todo por la gran tendencia a la dolarización de activos y pasivos que históricamente hemos observado. Los altos niveles de dolarización le restan flexibilidad a la política cambiaria del Banco Central por el riesgo sistémico involucrado. En ese contexto, controlar el déficit fiscal contribuiría mucho a reducir las tasas internas de interés y desincentivar el endeudamiento externo. También es preciso reforzar las medidas para evitar el endeudamiento en moneda extranjera entre los no generadores de divisas, aspecto que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ha durado mucho en controlar.
En otros ámbitos de la política económica, las recomendaciones se orientan a reforzar el crecimiento de la producción mediante reformas estructurales en el campo laboral, incrementar la inversión pública para mejorar la competitividad y mejorar el contenido del gasto social para asegurar la efectividad de los programas, principalmente la educación. También se sugiere revisar los sistemas tributarios para contribuir a mejorar la distribución del ingreso. En el caso de Costa Rica, mejorar el gasto social y la distribución del ingreso pasa por una reforma tributaria y fiscal que ha sido pospuesta por muchos años. Esperar dos años para emprenderla es un lujo que no nos deberíamos permitir.