El Poder Judicial comienza a ver con mayor realismo el problema de su régimen de pensiones. No renuncia del todo a los privilegios, pero acusa recibo de la imposibilidad de mantener la situación vigente. Eso constituye un avance frente a la defensa a ultranza del sistema, ejercida hasta hace poco tiempo.
Carlos Chinchilla, presidente de la Corte, prometió apoyar las reformas necesarias para garantizar un régimen autosuficiente, capaz de sostenerse a sí mismo sin necesidad de futuras trasferencias del presupuesto nacional. En las circunstancias actuales, el sistema se encamina a un punto donde podría necesitar recursos del presupuesto para satisfacer las obligaciones contraídas.
El Estado, como patrono, ya cotiza un 14,36% de los salarios al régimen de pensiones del Poder Judicial, un porcentaje muy superior al exigido a otros empleadores. En consecuencia, no podría decirse que el sistema se vaya a independizar de los aportes adicionales del erario, pero la promesa del presidente del Poder Judicial al menos marca un límite.
La existencia de ese límite sería consuelo si la Corte, para afirmar su confianza en la sostenibilidad del régimen después de la reforma, consintiera en una disposición que releve al Estado de garantizar los futuros beneficios, así como de aumentar las cotizaciones patronales. De esa forma, la promesa de no meter la mano en el presupuesto estatal para financiar un régimen privilegiado cobrará pleno sentido.
Aumentar las cotizaciones del Estado como patrono según haga falta es otra forma de tomar recursos –todavía más– de los bolsillos de la ciudadanía. Si las cotizaciones del Estado se limitan y se le releva de acudir en auxilio del sistema, el Poder Judicial puede, sin rubor, preservar tantas ventajas como le sea posible financiar.
En ese punto entraría a jugar, de nuevo, el realismo. El magistrado Chinchilla se muestra consciente de la necesidad de limitar los beneficios existentes. Entre las propuestas están el aumento de la edad de pensión a 65 años y los años de servicio de 30 a 35. También se examina la posibilidad de limitar las jubilaciones a un 72,5% del salario, un porcentaje mucho mayor al pagado por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no tan ruinoso como el 100% de los últimos 24 mejores salarios.
Otra posibilidad es pagar el 85% del último salario, pero elevar las cotizaciones de los trabajadores activos del 11% al 15%. También se establecería un tope a las pensiones, muy superior al vigente para el IVM, y se exigiría a quienes hoy disfrutan beneficios superiores contribuir un 50% del exceso.
Ninguno de esos cambios acercará a los pensionados del Poder Judicial a la condición de los afiliados al IVM. La desigualdad de los dos regímenes siempre será odiosa y estará financiada por un generoso aporte estatal, pero cuando menos sabremos el límite y los afiliados al régimen especial aceptarán las consecuencias de cualquier exceso.
Cuando se les menciona la generosidad del aporte del patrono estatal, los beneficiados del Poder Judicial mencionan el monto, también superior, de sus cotizaciones como trabajadores. Aportan mucho más, pero lo importante es que no alcanza para mantener los beneficios y es difícil imaginar por qué tendrían derecho a exigir a los demás el financiamiento faltante. Si el Poder Judicial hace las reformas necesarias para tener un régimen sostenible y garantiza que el Estado no pagará más, sea en una situación de crisis o como parte de sus obligaciones patronales, la situación no será ideal, pero, al menos, será más manejable y, después, que cada palo aguante su vela.