La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) no tiene clara la forma de enfrentar los ajustes previstos en el mercado laboral limonense cuando comience a operar el llamado megapuerto de Moín, el año entrante. No es posible precisar la fecha, pero el plazo ya puede contarse en meses.
Hay una diversidad de ideas, algunas casi mágicas, como la jubilación anticipada de los trabajadores cesados. No es posible por razones legales y de economía, como bien dijo la vicepresidenta Ana Helena Chacón, coordinadora de un equipo interinstitucional establecido para crear una zona económica especial en el Caribe.
Japdeva también sueña con la posibilidad de no despedir personal y más bien trasladarlo a otros proyectos productivos. Una marina, plantas de atún y la importación de gas natural están entre las empresas consideradas, pero ninguna tiene estudios de factibilidad o estimaciones de costos. La entidad, por su parte, ha demostrado deficiencias gerenciales suficientes como para poner en duda toda iniciativa empresarial nacida de su seno.
La tentación de financiar alguna empresa de las enlistadas será grande cuando se aproxime el momento de tomar decisiones. Hay pocos motivos para el optimismo si alguno de esos proyectos se llega a concretar. Japdeva tuvo el monopolio de la principal actividad portuaria del país y no logró hacerla eficiente o rentable.
Además, ya no se cuenta con el tiempo requerido para organizar un esfuerzo productivo de semejantes proporciones y es iluso pensar en empresas instantáneas con posibilidades de éxito. Si el gobierno tomara la ruta de financiar semejantes emprendimientos, será al precio de asumir la posibilidad, o más bien probabilidad, de grandes pérdidas.
Otra “solución” es el traslado de los trabajadores cesados a las demás instituciones del Estado. Sería una buena salida si la necesidad de personal existiera, pero la creación de plazas con el único fin de colocar a los cesados equivale a seguir por el ruinoso camino de hipertrofiar al Estado hasta el punto del colapso.
Los 900 trabajadores de Japdeva que probablemente serán cesados tienen derecho a prestaciones con un tope de 20 años debido a la convención colectiva negociada con la institución. Esos derechos deben ser respetados, pero Japdeva no tiene los fondos necesarios. El país deberá hacerse cargo. No hay más remedio. El dinero deberá salir de una previsión presupuestaria y en ese punto no hay espacio para la ambigüedad.
La vicepresidenta expresó, con toda claridad, el propósito de pagar por completo las indemnizaciones y es preciso reiterarlo cuantas veces haga falta para despejar toda duda y causa de inquietud entre los trabajadores. Parejo a esa voluntad debió ir el desarrollo de programas de reinserción de los cesados en la fuerza laboral.
La vicepresidenta habla de una ventanilla de empleo para recopilar los perfiles de empleados de Japdeva, estibadores y encargados de los predios. Es preciso y posible hacer más. APM Terminals prevé la creación de entre 600 y 650 empleos directos, pero eso es apenas dos terceras partes de los 900 empleados que Japdeva podría despedir cuando disminuya el volumen de sus operaciones portuarias, para no mencionar a los 3.000 estibadores del puerto actual.
Sin embargo, la empresa estima en 14.000 los empleos indirectos que serán generados por el megapuerto en los primeros tres años de operación. Esas esperanzas encuentran asidero en las inversiones privadas que ya comienzan a ser visibles en previsión del empuje económico. Preparar a los trabajadores cuyos empleos están en riesgo para que aprovechen las nuevas oportunidades es una tarea impostergable.