El Ministerio Público debe esclarecer con celeridad las manifestaciones de racismo aparecidas en una red de comunicación integrada por fiscales con uso de la herramienta digital conocida como WhatsApp. El racismo no debe tener cabida en ningún ámbito de la sociedad costarricense, pero con más razón debe ser combatido en los órganos de la Administración de Justicia.
Una auxiliar judicial denuncia haber sido objeto de la expresión “congo negro”, supuestamente escrita por una fiscala y transmitida a la red de WhatsApp. Los órganos disciplinarios del Ministerio Público estudian el caso y, de comprobarse la falta denunciada, deben hacer públicas sus conclusiones y la sanción recomendada.
Si se tratara tan solo de un insulto, habría margen para calibrar la severidad del castigo, pero, en el caso concreto, el ánimo de ofender importa menos que los prejuicios delatados por la expresión utilizada para agredir a la víctima. Esos prejuicios delatan una visión del mundo que despierta desconfianza sobre la objetividad de la autora ante infinidad de situaciones que puedan involucrar a personas de otros grupos raciales y, quizá, de otras nacionalidades y credos.
El prejuicio rara vez se centra en una característica. Implica la disposición a aceptar juicios negativos, a priori, que pueden ensañarse, al unísono, con toda o buena parte de la diversidad existente en nuestra sociedad. Un racista fácilmente puede trasladar su prejuicio a quienes profesan otra religión, una preferencia sexual distinta o tienen otra nacionalidad.
La manifestación denunciada proyecta una sombra, seguramente injusta, sobre el Ministerio Público. Solo la celeridad, severidad y ejemplarizante publicidad de la sanción podrán despejarla. Si los hechos denunciados resultan ciertos, la gratuidad del insulto es razón de más para actuar sin contemplaciones. Según la denuncia, la fiscala tomó una fotografía de un ramo de flores enviado a la auxiliar y la circuló entre los demás fiscales del grupo de WhatsApp, afirmando su supuesta incredulidad ante el hecho de que a un “congo negro” le llegaran flores y a ella no.
Cuando supo del mensaje, la denunciante confrontó a la fiscala. Según dijo, a partir de ese momento se sintió aislada y dejó de recibir invitaciones a los festejos mensuales de cumpleaños acostumbrados en la oficina. Este otro aspecto de la denuncia también debe ser investigado en detalle, porque apuntaría a un problema mucho más grave y extendido. Si el resto de la oficina está en disposición de acuerpar una conducta tan reprochable, las máximas autoridades del Ministerio Público no pueden estar tranquilas. Tampoco la sociedad a la cual sirven.
El caso llegó a conocimiento del fiscal adjunto, Celso Gamboa, quien lo trasladó a los inspectores internos del Ministerio Público. La Inspección Fiscal juzgó los hechos como graves y remitió la denuncia a la Inspección Judicial. Ese despacho se declaró incompetente y devolvió el caso al órgano disciplinario de la Fiscalía. No sabemos cuál será la suerte del expediente, pero no cabe duda de que en un caso como este la impunidad es inaceptable.
Ya la Corte ha dado muestras de cierta condescendencia ante conductas similares. Un fiscal fue sancionado con apenas ocho días de suspensión sin goce de salario por actos homofóbicos perpetrados contra un subalterno. En ese caso, el Consejo Superior del Poder Judicial parece haber sancionado el insulto con olvido de la delicada misión asignada al Ministerio Público en el sistema de Administración de Justicia. ¿Puede confiársele al mismo funcionario la atención de un caso donde un homosexual figure como presunto autor u ofendido? Y si sus prejuicios contra personas de otra preferencia sexual están tan asentados, ¿pueden confiársele casos relacionados con otras minorías? El problema planteado por semejantes expresiones no se circunscribe al insulto. Son más importantes sus implicaciones para la Administración de Justicia.