El viceministro de la Presidencia Luis Paulino Mora se declaró decepcionado por el rumbo de la Asamblea Legislativa. Para mayor sorpresa, los jefes de varias fracciones se manifestaron de acuerdo, aunque algunos señalaron, entre las causas, el débil liderazgo del Poder Ejecutivo.
Entre los planes pendientes de trámite está, paradójicamente, una nueva reforma al reglamento del Congreso para agilizar la discusión y toma de decisiones. El reglamento desapareció del debate público luego de la última reforma, en julio del 2015. Sin embargo, las enmiendas de esa época fueron aprobadas con plena conciencia de sus limitaciones. Siempre se les estimó insuficientes para agilizar el proceso legislativo y el par de años transcurridos lo demuestran. El reglamento requiere de nuevas reformas.
El diputado Ottón Solís describió aquellos cambios como el avance de un metro, cuando era necesario recorrer un kilómetro. Edgardo Araya, del Frente Amplio, advirtió que las reformas aprobadas no impiden el abuso del reglamento. “Si creen que con esto se destraba la Asamblea, no es cierto”, afirmó. La tarea de remover las trabas quedó pendiente y las omisiones contribuyen al estancamiento que decepciona al viceministro y a los jefes de bancada.
La enmienda redujo de cuatro a dos los días para presentar mociones de fondo con base en el artículo 137 del reglamento, con lo cual el expediente vuelve a comisión, donde la discusión de las mociones puede tardar semanas, meses o años. En consecuencia, los dos días siguen siendo un plazo generoso.
En los debates no reglados, como los llevados a cabo para nombrar altos funcionarios y conceder permisos de atraque a buques extranjeros artillados, la reforma redujo a media hora la intervención de los diputados. Además, se dispuso el registro del voto de cada legislador por medios electrónicos, lo cual incrementa la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero la idea de fijar plazos para votar los proyectos, tan reiterada a lo largo de los años, no pasa de ser una ambición de sus impulsores. Esa enmienda daría al país seguridad de resolución de las iniciativas sometidas a conocimiento del Congreso, sea a favor o en contra, mediante la reducción de las oportunidades de obstruccionismo, aprovechadas no para derrotar las propuestas, sino para impedir la votación, es decir, para no permitir una manifestación de la mayoría.
El artículo 138, que permite presentar mociones de reiteración en tres sesiones, cuando una bastaría, también está entre las propuestas de reforma más frecuentes, lo mismo que una revisión del artículo 154 para exigir votación calificada cuando se pretenda devolver un proyecto de ley a comisión. Además, se plantea la necesidad de fijar un plazo para los nuevos dictámenes de comisión y también se ha hablado de facultar a la presidencia del Congreso y a las de las comisiones para rechazar mociones dilatorias, repetitivas o improcedentes, así como limitar el uso de la palabra en otros debates, asignando el tiempo a las fracciones, y no a cada diputado.
Mora lamenta la aprobación de proyectos “chayote”, como denominan en círculos legislativos a las iniciativas de escasa importancia, en lugar de los planes de mayor relevancia nacional. Los diputados atribuyen parte del estancamiento a la ruptura de los fuegos electorales, pero desde hace años los estudios independientes señalan la tendencia a aprobar proyectos de menor importancia que luego inflan los informes de labores del Congreso. Precisamente porque es año electoral y no se sabe cuál de las agrupaciones con posibilidad de ejercer la presidencia lo logrará, este último periodo legislativo podría servir para hacer un nuevo intento de reforma, más sustancial, al reglamento.