El derecho a manifestarse no comprende la facultad de impedir el ejercicio del libre tránsito, un derecho de idéntico valor. En ocasiones, el ejercicio de ambas garantías constitucionales exige armonización. Los ciudadanos tienen la obligación de tolerar la interrupción del tránsito en el tanto sea indispensable para permitir la manifestación, pero la protesta no puede tener la interrupción del tránsito como fin en sí mismo.
Si el ejercicio del derecho a manifestarse exige cerrar temporalmente una bocacalle para permitir el paso de una marcha o torna lento el tránsito a lo largo del trayecto, esas acciones no pueden ser consideradas ilegítimas, porque hacerlo negaría el derecho a la protesta pública y pacífica. Pero si el cierre, o el llamado tortuguismo, tienen el propósito de impedir el paso, la manifestación se convierte en agresión contra los demás ciudadanos y les arrebata el derecho al libre tránsito.
Desafortunadamente, muchos taxistas optaron ayer por protestar con medios ilegítimos. El cierre de vías intencionado, aunque sea parcial, no puede ser tolerado. En algunos puntos, los manifestantes dejaban un carril abierto. En la radial entre La Uruca y Rohrmoser, por ejemplo, estacionaron vehículos sobre la carretera, en clara violación de la ley de tránsito, pero dejaron un carril sin interrupción, como si eso legitimara el cierre de los demás. El resultado fue un severo congestionamiento.
En Ochomogo, el disfraz de la manifestación ilegítima fue el tortuguismo. En realidad, los taxis estaban estacionados sobre la vía, pero si hubieran circulado con lentitud, la protesta tampoco habría sido legítima. La legitimidad no se gana con permitir la circulación lenta o parcial, sino con el pleno respeto a la libertad de tránsito de los demás. La escena se repitió en otros puntos del país.
La Fuerza Pública tuvo todas las razones para actuar y lo hizo con profesionalismo y firmeza, sin incurrir en excesos. También es imperativo destacar la valentía de los guardias civiles. La promesa de mantener el orden, en varias ocasiones formulada por el presidente, Luis Guillermo Solís, fue cumplida a cabalidad. El gobierno, y en particular el Ministerio de Seguridad Pública, merecen una felicitación.
El movimiento intentado por los taxistas, más allá de las razones del reclamo, fue contraproducente para sus intereses. No lo fue más porque la violencia, aparte del intento de entorpecer el libre tránsito, quedó limitada a un reducido número de incidentes. En este particular, la dirigencia de los manifestantes también merece reconocimiento. Su resistencia a entender que la afectación deliberada del transporte también es violencia no resta mérito a la actitud comedida de la mayoría de los participantes en la jornada.
El país da muestras de cansancio frente a las protestas centradas en la afectación de los derechos del resto de los ciudadanos. El cierre de carreteras es un tema especialmente sensible en el marco del colapso vial. Si en algún momento funcionó como medio de presión, hoy es un búmeran. El gobierno interpretó ese sentir correctamente y los taxistas no. Eso explica en mucho el resultado de las protestas de ayer y constituye una lección para autoridades y manifestantes. Del primero se espera el cumplimiento del deber. De los segundos se espera respeto y consideración para los demás.
Resta saber si las autoridades judiciales harán lo propio para establecer un precedente firme, capaz de librar al país de la amenaza constante de disrupciones y arbitrariedades, demasiado frecuentes en el pasado.