El plan de gobierno del Frente Amplio compendia políticas estatistas probadas sin éxito en otros países. Costa Rica también experimentó con algunas de ellas en el pasado y, si las abandonó, fue por su altísimo costo para la sociedad. Precisamente por eso, los efectos de tales políticas sobre el empleo, el desarrollo y el abastecimiento son predecibles.
El control del precio de los alquileres, por ejemplo, incide directamente sobre la industria de la construcción, el empleo y, a la larga, afecta la disponibilidad de vivienda. Años tardó el país en librarse de una ley de inquilinato abusiva, la de 1939, sesgada a favor del inquilino al punto de convertir la construcción en una inversión poco rentable.
El control del precio de las medicinas tiene el atractivo del populismo, y también sus peligros. Si en el país existieran prácticas monopólicas en ese sector del comercio, el Estado cuenta con mecanismos para intervenir, como en cualquier otro caso. Pero abandonar los mecanismos del mercado es correr el riesgo del desabastecimiento, como sucede en Venezuela. El siguiente paso es meter al Estado a farmacéutico para suplir las necesidades insatisfechas por un mercado ayuno de rentabilidad y competencia. Entonces, los problemas se hacen todavía mayores. La población se ve condenada a consumir los fármacos y calidades definidos por los burócratas. Eso, cuando hay.
Otro tanto puede decirse del control de precios de los alimentos. En ese punto, el programa de una vez se enfila hacia la consecuencia: el Estado pulpero. En una administración de José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio, el Consejo Nacional de Producción (CNP) volvería a comprar granos y otros alimentos de la canasta básica.
La cogeneración de electricidad estaría fuera de toda consideración. El Estado farmacéutico, pulpero y perito en alquileres también sería el único productor de electricidad, aunque esté demostrada su incapacidad de hacerlo a ritmo de la creciente demanda. El programa frenteamplista propone derogar la ley de cogeneración, negándole al país la oportunidad de aprovechar la inversión privada, incluida la extranjera, para producir más electricidad y más barata, sin emplear recursos propios ni asumir los riesgos financieros.
El ideal estatista pasa por alto, para comenzar, la inexistencia del dinero necesario para desarrollar nuevas fuentes de energía, las limitaciones a la inversión impuestas por la situación financiera del Instituto Costarricense de Electricidad y los elevadísimos precios que paga el consumidor a consecuencia del agotado modelo vigente.
La sentida necesidad de mejores instalaciones portuarias correría la misma suerte. Nada de participación privada y, como el Estado no tiene los recursos necesarios, la apuesta del programa de gobierno frenteamplista es al fortalecimiento de Japdeva. Más de lo mismo.
Villalta también anuncia la marcha atrás de la apertura telefónica para devolver a la telefonía el carácter de servicio público, como si en dos años, contados desde el 2010, Costa Rica no hubiera pasado de 0,76% a 20,42% en penetración de Internet móvil de banda ancha.
El programa también promete resolver el problema del latifundio, inexistente según el exmagistrado y experto en materia agraria Ricardo Zeledón. El planteamiento, dice el jurista, es ahistórico y tardío, porque el problema ya no existe. Eso no obsta para que el Frente Amplio esté dispuesto a resolverlo a punta de expropiaciones, si fuere necesario.
El ánimo de responder a los intereses de grupos de presión próximos al candidato frenteamplista se nota en la propuesta educativa. Viene el país luchando por hacer cumplir los 200 días lectivos, pero el programa de gobierno se alinea con el clamor de sectores sindicales para proponer la rebaja a 175 días.
En la misma línea populista, plantea la ruptura del tope de cesantía, sin detenerse a considerar los efectos de semejante medida sobre el empleo y, mucho menos, sobre las finanzas públicas, ya debilitadas por el peso financiero del aparato estatal. Cuando se le pregunta cómo, el candidato responde que hay un proyecto de ley en la corriente legislativa. En otra oportunidad, respondió que es cuestión de planificar bien.
El programa incorpora un centenar de reformas legales y hasta constitucionales. No obstante, es el plan de gobierno de un partido opuesto a reformar el reglamento legislativo. Sin esa enmienda, como bien sabe el diputado Villalta, hay muy poca posibilidad de hacer reformas, sobre todo de carácter tan radical.
La propuesta populista, estatista y ahistórica, para emplear la palabra del exmagistrado, carece, además, de fundamentos sólidos en la realidad económica y política. Es un proyecto de promesa inviable. Eso, para el país, es un hecho afortunado.