¿Qué de extraordinario tienen los presupuestos extraordinarios que próximamente planea remitir el Gobierno de la República, por intermedio del Ministerio de Hacienda, a la Asamblea Legislativa? Poco, o nada, si se analizan desde el punto de vista sustancial y de los escasos beneficios que tendrían para al país. Más bien, desde el punto de vista formal, resultan oportunidades perdidas.
Dos son, hasta el momento, los proyectos de presupuesto extraordinario anunciados por el Ministerio de Hacienda: uno para rebajar algunas partidas del presupuesto ordinario aprobado para el ejercicio fiscal del 2015, y otro para aumentarlo e incluir una partida presupuestaria para adquirir un inmueble para uso propio del Ministerio de Hacienda. Ninguno de los dos, por ahora, tiene verdadera justificación.
El proyecto extraordinario para reducir el presupuesto vigente, según trascendió la semana pasada, está orientado a rebajar partidas hasta por unos ¢62.000 millones que el Gobierno se había comprometido a reducir durante la discusión del plan de gastos a finales del año pasado. La iniciativa es buena, pero insuficiente.
Como se recordará, el presupuesto fue aprobado por casi ¢8 billones (¢7,9 billones) tras infructuosos esfuerzos de varias fracciones legislativas por recortarlo, y fue finalmente puesto en ejecución, sin ningún recorte, por el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, tras un procedimiento cuestionado en la Sala Constitucional.
En esa ocasión, se desperdició una valiosísima oportunidad de racionalizar el proyecto. Lastimosamente se dejaron de lado todos los aportes y esfuerzos desplegados por los integrantes de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, incluyendo normas vinculantes para lograr una mejor ejecución, así como el empezar a racionalizar el pago de los excesivos incentivos percibidos por gran cantidad de servidores públicos, que son uno de los disparadores del gasto.
Ottón Solís, uno de los líderes de la racionalidad presupuestaria, abogó en esa ocasión por recortar hasta ¢300.000 millones, señalando, entre otras cosas, “el desperdicio que significa gastar ¢20 millones en una consultoría cuyos resultados solo sirven para dar una conferencia de prensa, o ¢1,5 millones en un viaje que se pudo evitar con una llamada telefónica, el pago de dedicación exclusiva que solo beneficia al empleado, o el pago de ¢1 millón mensual a un comunicador que solo ayuda a la imagen del jerarca y en nada al país”.
Entre tanto, el propio presidente de la República, Luis Guillermo Solís, abogaba en distintos foros por mantener el proyecto de presupuesto ordinario para el 2015, tal como fue remitido a la Asamblea Legislativa. Eso revela, en el fondo, una actitud dispendiosa.
El proyecto de presupuesto extraordinario anunciado para rebajar ahora ¢62.000 millones contrasta con las mociones de las distintas fracciones legislativas en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, algunas de las cuales proponían reducir hasta ¢300.000 millones del total, y representa apenas una quinta parte de ese esfuerzo mínimo de racionalización.
En términos del producto interno bruto (PIB), y como porcentaje del déficit estimado para este año, equivalente a un 6,7% del PIB, la reducción propuesta sería exigua, incapaz de representar algún esfuerzo significativo para estabilizar las finanzas públicas, restaurar el desequilibrio macroeconómico, o persuadir a las demás fracciones legislativas para aprobar nuevos impuestos. Pero, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Ahora, la Comisión de Ingreso y Gasto Público tendrá la oportunidad de redimirse, y enmendarle la plana al Gobierno, aprobando recortes mucho más significativos.
El otro proyecto de presupuesto extraordinario anunciado pretende aumentar el presupuesto ordinario este año y permitir la compra del inmueble ya existente, conocido como El Tobogán, ubicado en barrio Tournón, por la suma de $121,7 millones. No es muy significativo en términos del desequilibrio macroeconómico ni del déficit fiscal, pero sí lo es desde el punto de vista de la actitud frente al gasto de las autoridades de Hacienda en el marco de la crisis fiscal.
La situación fiscal del país no está para adquirir inmuebles de lujo, ni gastar en remodelaciones que poco contribuirían a la prestación del servicio. Y, aunque Hacienda paga actualmente una suma importante en alquileres, eso no significa que se deba adquirir un inmueble por más del doble de lo que costó a los desarrolladores.
En todo caso, si de ahorrar alquileres se trata, sería mucho más conveniente y beneficioso para el país construir un edificio nuevo, diseñado con las especificaciones requeridas desde el inicio y en terrenos propios del Estado, pues sería mucho más barato. Y, por ser nuevo, contribuiría a generar valor agregado y nuevas fuentes de empleo en momentos críticos en que el desempleo está aumentando.
El valor agregado a la producción y la creación de fuentes de empleo de El Tobogán ya se deslizaron por el tobogán de ejercicios fiscales anteriores.