La comisión investigadora de los préstamos del Banco de Costa Rica avanza a contracorriente de importantes intereses políticos y económicos que se expresan, de manera más o menos abierta, en los medios de comunicación, los partidos políticos y la propia Asamblea Legislativa.
La resistencia era totalmente predecible. Toma diversas formas, desde el ataque personal y la deslegitimación de los diputados comprometidos con el esclarecimiento de los hechos, hasta las maniobras procedimentales disfrazadas con las mejores intenciones, pero claramente dirigidas a entorpecer el trabajo.
El presidente del organismo, Ronny Monge, de Liberación Nacional, se ha visto confrontado con ataques absurdos. Hace años, se vio involucrado en un accidente cuya víctima sufrió lesiones. Fue hallado responsable, no por razones especialmente graves, sino por el momentáneo descuido. Lo sucedido en nada descalifica al diputado, como no es mancha para miles de costarricenses involucrados en infortunios similares.
El diputado Ottón Solís, de Acción Ciudadana, actúa motivado por la frustración de no haber ganado una elección, dice el presidente que logró una victoria como candidato del partido fundado por don Ottón cuando él todavía militaba en el Partido Liberación Nacional. También se desató el rumor de una candidatura presidencial del legislador, que lo haría sospechoso de utilizar la comisión para cultivar intereses personales.
La comisión también sufre ataques más sutiles. Uno de ellos, disimulado con las mejores intenciones, es la convocatoria de una larga lista de personas, no importa cuán tenue sea su asociación con los temas investigados o con Juan Carlos Bolaños, el importador de cemento chino en el centro de la tormenta.
No todo el que se haya fotografiado con Bolaños está en capacidad de aportar datos útiles para la investigación de los diputados, pero, mientras más comparecencias haya y más inútiles resulten, mayor la posibilidad de frustrar hallazgos significativos. Es exactamente el mismo resultado que se persigue con los interrogatorios intrascendentes y las peroratas de los diputados cuando no hay interés en permitir verdaderos cuestionamientos a los comparecientes. Mientras más habla el legislador y más inútiles sean sus preguntas, menor el riesgo de un desliz del testigo.
La pérdida de tiempo también acerca la fecha límite fijada para concluir las deliberaciones. La comisión tiene 60 días para dictaminar. Ha estado trabajando con intensidad, pero la tarea es monumental. El tiempo desperdiciado es el peor enemigo del esclarecimiento de la verdad exigida por la sociedad costarricense.
El plazo podría ser prorrogado. Sin embargo, ya se habla de la inconveniencia de hacerlo dada la proximidad de las elecciones del 2018. Esa objeción constituye una confesión de la incapacidad de la Asamblea Legislativa de plantearse temas de tantísima importancia sin temor a los efectos, no de la política, sino de la politiquería.
El nombre de la comisión se presta para equívocos. El mandato de investigar los créditos del Banco de Costa Rica es muy limitado en relación con los hechos sobre los cuales está vertiendo luz. Hay otros créditos, en otros bancos del Estado, cuya investigación habría sido igualmente meritoria. Pero las conclusiones de los legisladores necesariamente trascenderán los límites fijados en la moción votada para crear la comisión. A fin de cuentas, el examen de dos créditos está conduciendo a un dictamen sobre la banca estatal y la urgencia de reformarla para alejar la injerencia política e incrementar la transparencia.
La sociedad costarricense debe mantenerse atenta a las maniobras practicadas para desviar a la comisión investigadora o deslegitimar a sus miembros. Los casos del cemento chino y Coopelesca deben ser aclarados porque de eso depende la salud futura de la banca estatal.