La lucha contra el narcotráfico parece perdida y, en cierto sentido, lo está. Según cálculos de expertos, Costa Rica fue ruta de tránsito para 1.200 toneladas de cocaína el año pasado, pero las autoridades solo lograron decomisar 15. Sería un error tomar el contraste entre lo trasegado y lo decomisado como punto de partida para juzgar en definitiva la labor de la Policía o declarar la inutilidad de sus esfuerzos.
La persecución policial del narcotráfico no puede fijarse el objetivo de lograr el cese total del negocio. Una visión más realista debe proponerse la transformación de nuestro territorio en zona hostil para el trasiego y, en ese aspecto, sí importa la incautación de la mayor cantidad posible de drogas. Rendirse ante las estadísticas descorazonadoras conduciría al incremento del trasiego por suelo costarricense.
Esa posibilidad es impensable, no solo por los compromisos internacionales y las consecuencias diplomáticas de incumplirlos, sino también por los efectos del ilícito negocio en nuestra sociedad. No hay países de tránsito que se eximan del desarrollo de un mercado interno, alimentado por cantidades residuales de la droga trasegada.
Los carteles a menudo pagan en especie los servicios recibidos en el país de tránsito. Esa droga se comercia en el mercado local. Los pescadores que rescatan bultos flotantes en el mar carecen de los contactos e infraestructura necesarios para exportar sus hallazgos y también encuentran la forma de comercializarlos en territorio nacional.
Aparte del trasiego y consumo interno, la competencia para ofrecer servicios al narcotráfico internacional estimula la creación de bandas cuya lucha por el dominio del negocio eleva la cantidad de homicidios, sin reparar en las víctimas inocentes. El mismo fenómeno se presenta entre grupos empeñados en controlar la distribución interna.
Los delincuentes nacionales no solo colaboran con sus contrapartes de otros países para trasegar la droga. También cooperan en las luchas por control del territorio. La prueba está en la importación de métodos utilizados en otras partes para infundir temor y eliminar a los rivales. El fiscal general, Jorge Chavarría, no duda antes de atribuir la extrema violencia de los asesinatos recientes a la adopción de modelos aplicados en México por los carteles de la droga.
Por eso es necesario persistir y mejorar, especialmente en vista de las proyecciones del ministro de Seguridad, Gustavo Mata, sobre el tráfico de 1.700 toneladas esperado este año. El funcionario basa el pronóstico en un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que señala mejoras en la producción de cocaína en Colombia, Bolivia y Perú, gracias a incrementos en la calidad del arbusto. Las áreas de cultivo también se ampliaron.
El 98% de la droga trasegada por Costa Rica pertenece a los peligrosos carteles mexicanos, estrechamente vinculados a bandas costarricenses, dice la Fiscalía. La mayor parte de la cocaína sigue rutas marítimas hacia Estados Unidos y Europa. Por eso es importante cuidar las vastas aguas costarricenses, pero el país no cuenta con los navíos, aviones y helicópteros necesarios. El fortalecimiento de la cooperación internacional es indispensable.
También es importante intensificar el intercambio de información con los países de la región. Entre las medidas extraordinarias citadas por el Ministro de Seguridad para enfrentar el reto de este año está la intensificación de la cooperación convenida con Colombia, Panamá y México. Expertos de ese último país visitarán el nuestro para compartir inteligencia y contribuir a afinar la respuesta de las autoridades locales.
Ningún recurso debe ser desaprovechado porque el problema del narcotráfico no es ajeno. El peligro es grande para los países de “tránsito” que caigan en la tentación de creerlo.