Las rutas intersectoriales planeadas desde el 2007 para facilitar el transporte de decenas de miles de personas y, en muchos casos, abaratarlo, parecían un imposible hasta la interrupción del paso por Hatillo 8 a causa de las lluvias, el torrente del río María Aguilar y la escasa atención preventiva brindada a la infraestructura nacional.
En ausencia de las líneas intersectoriales, viajar entre Desamparados y Moravia, de Guadalupe a La Uruca o de La Uruca a Escazú exige el paso por el centro de la capital. El aporte de ese tráfico al cotidiano congestionamiento vial es de por sí importante, pero el caos alcanzó dimensiones insufribles con el colapso de la Circunvalación.
En poco tiempo, el problema creó la solución. Las líneas intersectoriales funcionan desde ayer. Es demasiado pronto para cantar victoria, y la magnitud de los intereses afectados impide descartar algún intento de descarrilarlas. En cambio, tienen la oportunidad de probar su valor, no solo para enfrentar la crisis puntual de la Circunvalación, sino también como elemento permanente del sistema de transportes público. Cabe, entonces, preguntar: ¿por qué no antes?
La imposibilidad de circular por Hatillo 8 también aguijoneó la creatividad de las autoridades en otros ámbitos. Primero, contempló la posibilidad de ampliar a dos los días de restricción vehicular, pero la idea encontró resistencia. Entonces, decidió modificar el horario de los funcionarios públicos para iniciar y concluir la jornada más temprano.
El efecto de la medida no tardó en hacerse notar. El tráfico se reparte en un espacio temporal más amplio. Hay más autos en la calle a primera hora, pero, en pocas ocasiones, el congestionamiento alcanza los niveles caóticos de las últimas semanas. Una vez más, es pertinente preguntar: ¿por qué no antes?
La principal amenaza a la circulación eficiente en las vías nacionales surgió mucho antes que el problema de la Circunvalación. El puente de la “platina” muestra sus debilidades desde abril del 2009 y torna incierto el tránsito por la más importante de las vías nacionales.
Las autoridades ensayaron una serie de soluciones parciales, cuyo costo acumulado ronda los $10 millones. Entre julio y agosto del 2009, el MOPT incurrió en cuatro fracasos y todavía faltaban los más notables, relacionados con la sustitución de la losa. Ahora, el Ministerio decidió gastar $8,4 millones de un solo golpe para lograr una solución más permanente. Una vez más, se impone preguntar: ¿por qué no antes?
La tardanza y la imprevisión no son características exclusivas del transporte y la vialidad. Entre el 2003 y el 2009, la Caja Costarricense de Seguro Social pagó $10,4 millones a los proveedores externos de servicios de radioterapia. La suma es suficiente para comprar tres aceleradores lineales, pero las necesidades del país pueden ser satisfechas con la compra de dos, para sumarlos al par ya existente.
La Caja decidió invertir los $15 millones necesarios para adquirir los aparatos y construir las instalaciones del servicio. Ahora, la institución ahorra $1.600 por paciente, la espera por tratamiento se redujo de 24 a 4 semanas y la consulta externa aumentó un 48%. ¿Por qué no antes?
El costo en dinero y calidad de vida de las soluciones postergadas es difícil de calcular, pero los tres o cuatro ejemplos apuntados ayudan a imaginarlo. El país habrá dado un gran paso adelante cuando no sea necesario preguntar: ¿por qué no antes?