Hungría pasó a ocupar la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE) la semana pasada. En el bien aceitado mecanismo de la integración continental, el cambio de mando suele constituir un simple y ágil trámite cada seis meses, o al menos así lo era hasta hace poco. Es cierto que este cargo es, en mucho, ceremonial y no interfiere con las políticas adoptadas por la UE cuya implementación corresponde, sobre todo, a su rama ejecutiva. Presidida por el portugués José Manuel Barroso, se le reconoce haber inyectado agilidad y eficiencia al organismo.
Con todo, el país a cargo de la presidencia de la UE adquiere un alto perfil y proyecta internacionalmente el rostro de esta organización. El honor que le confirió a Hungría fue subrayado por los actos protocolarios y numerosos festejos populares que adornaron la fecha. Asimismo, era innegable su inmenso significado a la luz de la agitada y conflictiva historia de Hungría en la posguerra, cuando la antigua aliada de Hitler devino en un satélite de la entonces URSS.
Sus luchas para liberarse del yugo moscovita, especialmente la rebelión de 1956, aplastada por tanques y tropas soviéticas, inspiraron admiración en todo el mundo y, en especial, una renovada pasión en la vecina Checoslovaquia que derivó en la gesta de la Primavera de Praga de 1968. Un curso parecido tomó Polonia. No menos significativas fueron las señeras reformas económicas adoptadas por Hungría desde la década de los años 60 para enrumbar al país por la senda del sistema de mercado.
Con la implosión de la URSS, a partir de 1989 Hungría se convirtió en una democracia parlamentaria que ha ejercido un liderazgo mundial en el ámbito de los derechos humanos. Su carácter democrático le valió la incorporación a la OTAN y posteriormente a la UE.
Precisamente, por su solidez democrática, evidenciada por dos décadas ininterrumpidas de impecables procesos electorales e infatigable compromiso con los derechos humanos, Hungría dio recientemente algunos pasos que marcaron una nota discordante y controversial en el concierto europeo. Con el timón del Gobierno en las manos del primer ministro Viktor Orban, del partido nacionalista de centro-derecha Fidesz, la armazón democrática de Hungría ha sido sacudida por una corriente que evoca a regímenes de corte populista de otras latitudes.
El partido liderado por Orban ganó en forma abrumadora los comicios de abril del año pasado, derrotando así a los socialistas cuya gestión no solo fue incompetente en extremo, sino también corrupta. La desconfianza generalizada que los socialistas generaron se tradujo en violentas manifestaciones de protesta ante el caos que ya asomaba en el país.
Gracias a la mayoría aplastante de Fidesz en el parlamento, Orban ha impulsado la aprobación de una comisión para modificar la Constitución húngara. Entre los cambios que parecen emerger, destacan aquellos que incrementan la autoridad del Primer Ministro a expensas de otros órganos estatales, particularmente el Poder Judicial. Asimismo, se anticipa una ampliación del período del Gobierno sugiriendo que Orban pretende quedarse indefinidamente en el cargo. Paralelamente, Orban ordenó cancelar el presupuesto de la entidad contralora, que de esta forma quedó cesante.
No menos preocupante ha sido la legislación relativa a medios de comunicación aprobada por el parlamento. Dichas leyes comprenden la creación de un nuevo consejo estatal para controlar los medios de comunicación con potestades de imponer multas millonarias a los periodistas que no informen con objetividad o irrespeten la dignidad y los derechos humanos, entre otras muchas causas. Las categorías, desde luego, serán definidas e interpretadas por el consejo cuya autoridad se extiende sobre medios no solo nacionales, sino también extranjeros, por lo que perfila abarcar la Internet, la radio y la televisión y todo aquello que se les ocurra a los consejeros, todos ya escogidos por Orban entre sus leales amigos.
Algunos analistas ven en esta ominosa maquinaria de censura una venganza de Orban contra la prensa adversa que lo ha perseguido en su vida pública. En cualquier caso, su impacto negativo en el ámbito de los derechos de expresión resulta innegable. Las controversias, sin embargo, también han sido motivadas por los manejos hacendarios, pues para reducir el déficit fiscal, el Gobierno decretó una serie de impuestos selectivos dirigidos contra las mayores empresas extranjeras y bancos que operan en Hungría.
La reacción no se ha hecho esperar tanto en Hungría como en la U E en general, donde las acusaciones de fascismo contra Orban han menudeado con señalamientos de que es un nuevo Chávez o un Putin. Varios Gobiernos han puntualizado que dichas medidas infringen las normas y procedimientos de la organización, mensaje que Barroso ha llevado a Budapest en días recientes. Al cabo de una serie de reuniones, Barroso anunció que Orban había aceptado someter la ley de medios al examen de la UE y, de ser necesario, reformaría el texto. También acordó que, si un análisis en Bruselas así lo disponía, las cargas fiscales especiales serían enmendadas.
Es obvio que el ánimo contralor de Orban atenta contra los derechos de expresión y ese impulso es reminiscente de acciones similares de Hugo Chávez en Venezuela. También es alarmante que en la democrática Hungría se produzcan excesos populistas de este género. ¿Serán tan débiles los mecanismos institucionales que toleran tales desmanes de un gobernante que ha jurado respetar la Constitución y las leyes, incluidas las concernientes a la UE?
Ha sido oportuna la reacción de diversos Gobiernos y del órgano ejecutivo de la Comunidad Europea. Sería de esperar que Orban cumpla su compromiso.
En todo caso, el populismo nacionalista que ha cobrado fuerza en Hungría amerita la alarma y el vigilante seguimiento de las democracias europeas.