Avionetas del narcotráfico despegan de suelo nacional rumbo al norte. Lo sabemos porque algunas, quizá con cargas excesivas, no logran tomar altura y se estrellan. Lo sabemos, también, por la gran cantidad de autopistas clandestinas encontradas por la Policía a lo largo de la costa del Pacífico.
Las autoridades hallaron 33 campos de aterrizaje en ese litoral. Habrá muchos más en otras zonas y en el propio Pacífico, porque creer que todas fueron descubiertas es pecar excesivamente de optimista. Costa Rica es una pieza importante para el tráfico de drogas y no cuenta con los recursos necesarios para defenderse.
Nuestro único radar, ubicado en el aeropuerto Juan Santamaría, no sirve para controlar las costas. Las montañas alrededor del Valle Central impiden la detección del tráfico aéreo en los litorales. Los equipos capaces de fortalecer la vigilancia pueden costar hasta $20 millones. No aseguran la detección de todos los vuelos, porque el narcotráfico aprendió a hacer aproximaciones a poca altura, pero los dificultarían.
En estos momentos, esa es una ganancia. Si no podemos cerrar totalmente nuestro territorio al narcotráfico, debemos esforzarnos para hacerlo tan hostil como sea posible. No solo se trata de defender a la juventud ajena, propensa a caer en la trampa de la drogadicción, aunque ese objetivo es suficientemente noble para justificar cualquier empeño. Se trata de defender a la juventud costarricense y a la sociedad completa.
Los países de paso en la ruta del narcotráfico también sufren el flagelo. Una parte de la droga permanece en ellos, sea como pago por servicios o producto de accidentes y abandono de los estupefacientes, sobre todo en el mar, cuando las autoridades se aproximan y los delincuentes temen ser detenidos con la carga a bordo. Costa Rica recuerda casos de comunidades que hallaron toneladas de cocaína en playas cercanas y sabe, también, de pescadores dedicados a peinar las áreas donde es frecuente encontrar bultos de droga flotando en el mar. En un mercado tan pequeño, las cantidades residuales de droga obtenidas de esa forma pueden tener un efecto devastador para muchas familias.
La capacidad corruptora del dinero del narco es enorme. No puede haber tantas pistas de aterrizaje sin colaboración de nacionales y un preocupante grado de organización. La comercialización de los estupefacientes llegados al mercado nacional también exige la creación de bandas y desata guerras para controlar territorio. Los sicarios ya son comunes en nuestro país y en los últimos años su existencia se refleja dramáticamente en el índice de homicidios.
Las pistas clandestinas aparecen en fincas alejadas, cuyos propietarios dicen desconocer a los constructores y la existencia misma del campo de aterrizaje. Algunas son muy rudimentarias, apenas un sector plano, despejado de malezas y miden entre 500 y 1.000 metros. Utilizarlas exige mucha pericia de los pilotos. Aun así, construirlas tarda entre una y dos semanas. En ocasiones los narcotraficantes aprovechan el esfuerzo en una sola oportunidad. El valor de la carga lo justifica desde el punto de vista económico.
Esas prácticas dan una idea del tamaño del reto. Pilotos estrella, pistas de aterrizaje desechables, decenas de brazos a cargo de la construcción, siempre en absoluto silencio. Luego, cuentan con la coordinación necesaria para organizar los vuelos, abastecer a las naves y seguir el camino para repetir la operación en otros países del área hasta llegar a su destino en los Estados Unidos.
Costa Rica no puede librar semejante lucha por sí sola. Es preciso fortalecer la colaboración internacional, en especial con los Estados Unidos, haciendo a un lado los prejuicios ideológicos que de vez en cuando afloran para entorpecer los esfuerzos conjuntos en esta causa común.