El 22 de abril del 2013 la presidenta Laura Chinchilla anunció que “para garantizar la paz social de nuestro país” su gobierno canceló el contrato de concesión, por $524 millones, para reparar, ampliar y dar mantenimiento a la carretera entre San José y San Ramón. El Estado costarricense debió pagar $28,5 millones a la empresa constructora OAS (suma que habría dado grandes réditos sociales si se hubiera invertido en otros menesteres) y se dedicó a buscar una figura alternativa para, cuanto antes, llevar a cabo la obra que, sobra decirlo, es de importancia primordial para el país por la gran cantidad de vehículos que utilizan la ruta.
En el trasfondo, estuvo la sensación de que la Ley General de Concesión de Obras Públicas, N.° 7762, no es adecuada y convendría sustituirla por una figura “ágil”, como el fideicomiso. Así las cosas, el 5 de febrero del 2015, por unanimidad, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 9292 para el desarrollo de obra pública del corredor vial San Ramón-San José y radiales. El fideicomitente MOPT-Conavi procedió a buscar un fiduciario y el Banco de Costa Rica resultó escogido. Ya la Defensoría de los Habitantes concluyó el proceso de selección de los ciudadanos que, conforme previó la ley, vigilarán el contrato de fideicomiso.
El tiempo ha seguido su marcha. La supuestamente ágil figura del fideicomiso no ha mostrado, en este caso, serlo. Han pasado dos años desde que se aprobó la Ley 9292, tres desde que se rescindió el contrato con OAS y no se tiene aún claro cómo anda el asunto. El Banco de Costa Rica pide poderes amplios para llevar a cabo la obra; Conavi responde que no puede delegar funciones que por ley le corresponden. A esto se suma otro manojo de problemas.
Por un lado, no está claro en qué consistirá el trabajo del cuerpo de vigilantes ciudadanos y cómo podrá ayudar o interferir con la agilidad que se espera en esta materia. Por otro, el fideicomiso creado por la Ley 9292 no prevé aporte de capital ( equity ) del Estado y la obra tendrá que financiarse totalmente con deuda, lo que no es usual ni deseable en este campo, donde media tanta incertidumbre, pues se trata de contratos que tienen una vida de 25 y más años. En el caso de las concesiones, por ejemplo, la Ley 7762 pide al concesionario hacer un aporte patrimonial mínimo del veinte por ciento del costo de la obra, el cual, unido a su experiencia e historial en el área de infraestructura, y a la calidad del flujo de caja de la obra, sirve de base para obtener financiamiento de terceros, como son bancos o fondos de inversión. Una obra totalmente apalancada, como la que contempla el fideicomiso vial San José-San Ramón, es demasiado riesgosa para los inversionistas.
Voceros del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica se quejan de que, por tecnicismos legales, la obra se está demorando más de la cuenta. Sin embargo, es preciso tener presente que la base legal de un contrato de la envergadura de la vía San José-San Ramón debe ser firme. A nuestro juicio, la figura del fideicomiso de la Ley 9292 (que se quiere calcar para utilizar en otras rutas nacionales) es inferior, en eficacia y operatividad, a la que contempla la ley de concesiones 7762. Es una lástima que, por malísima administración estatal, del propio Consejo Nacional de Concesiones, esa figura haya sido satanizada.
El país ha perdido demasiado tiempo en la necesaria mejora y ampliación de la red vial San José-San Ramón. Los congestionamientos viales en la Gran Área Metropolitana son insoportables, y en buena parte efecto del atraso en la ejecución de esa obra. Esperamos ver algún tipo de luz próximamente. Si lo que procede es recurrir al esquema previsto en la ley de concesiones, en buena hora así se haga. Difícilmente estos atrasos contribuirán a mantener la paz social del país.