Cuando el embajador de una potencia amiga, que además es nuestro principal socio comercial, decide dar prácticamente por agotadas las vías de contacto oficiales y salir a la prensa para plantear una queja por restricciones al comercio, las implicaciones son claras: se trata de un asunto realmente grave y el grado de frustración ante la falta de adecuadas respuestas ha alcanzado un nivel intolerable. Por esto, debemos tomar muy en serio las declaraciones del representante de Estados Unidos ante Costa Rica, Stafford F. Haney, publicadas el lunes en nuestras páginas.
El diplomático, quien hasta ahora se ha caracterizado por una gran prudencia, reveló que el gobierno no está cumpliendo a plenitud el componente agrícola de los acuerdos comerciales, y atribuyó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), dependencia del Ministerio de Agricultura, aplicar criterios político-ideológicos, no científicos, para entorpecer el intercambio de esos productos. Además, se quejó de falta de comunicación expedita y clara de parte de las autoridades cuando se generan discrepancias. Antes, afirmó, “si en Costa Rica había un problema, nos llamaban a nosotros, o a los exportadores y a los importadores” para buscarle solución. Ahora, en cambio, se erigen barreras de forma inesperada, lo cual ha conducido a incertidumbre sobre la aplicación de los tratados y el clima de inversiones en general. Esto ocurre en un contexto de estancamiento en el empleo.
La queja del embajador Haney no es única. El 5 de mayo del año pasado, el SFE prohibió la importación de aguacates Haas desde México, supuestamente para evitar que ingresara la llamada “enfermedad de la mancha del sol”. Hasta ahora no se ha logrado demostrar plenamente que esa inquietud tenga base; menos, que justificara una veda indiscriminada al ingreso de esa fruta desde nuestro principal proveedor. Además, en ese momento, al igual que ahora lo hace el diplomático, tanto las autoridades mexicanas como los importadores se quejaron de que no había mediado un proceso previo para atender la inquietud fitosanitaria antes de impedir la importación. Por tal motivo, en julio, México y Guatemala interpusieron ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) un proceso de “preocupación comercial”.
Ambos hechos sugieren que estamos ante una deliberada política de los jerarcas del SFE, y probablemente también de sus superiores en Agricultura, consistente en utilizar el mecanismo para imponer trabas no arancelarias al comercio agrícola, en detrimento de la seguridad jurídica, de nuestra seriedad como socio y de nuestro exitoso proceso de inserción en la economía internacional.
El momento actual, así como las declaraciones de Haney, son particularmente sensibles. Tal como dimos a conocer el 9 de enero, el 1.° de ese mes comenzó a regir un proceso de reducciones paulatinas de aranceles a varios productos agrícolas –entre ellos arroz, leche y pollo– en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Estamos obligados a respetar el calendario. Desde la firma del acuerdo, los empresarios agrícolas debieron comenzar a prepararse para la competencia programada. Sin embargo, el representante de los lecheros reconoció en esa información que no han actuado en tal sentido, y reclamó que el Estado debe desempeñar un papel central en la preparación. Tiene razón en esto último, pero la función estatal no es establecer barreras, sino contribuir a estimular mayor competitividad y productividad, mediante apoyo tecnológico, canales logísticos, encadenamientos productivos y selección de cultivos.
Las autoridades deben comprender que el comercio en general, y el agrícola en particular, no solo es una buena política económica, sino también una excelente política social porque permitirá que los consumidores de productos básicos disfruten de precios más bajos. No resulta casual que, en este momento, Costa Rica sea el país más caro de Centroamérica.
Es indispensable que, de una vez por todas, el Gobierno defina claramente cuál es su política de comercio exterior, que se aplique seriamente a cumplir los compromisos adquiridos y que ponga fin a sus incongruencias internas y a las ocurrencias de sectores que, en su seno, utilizan su poder sectorial para impulsar preferencias ideológicas y bloquear la apertura de forma casuística. Además, debe plantear su visión a mediano plazo, en particular, la adhesión a la Alianza del Pacífico, a la que solo le ha dado largas, mientras cada vez perdemos más oportunidades en ese importante acuerdo estratégico.