El país carece de una cultura del ahorro y la previsión. Ese defecto nacional se conjuga con las debilidades financieras de los principales sistemas obligatorios de jubilación, los cambios demográficos y el aumento de la expectativa de vida para crear el grave riesgo de una vejez empobrecida.
A 17 años de aprobada la Ley de Protección al Trabajador, solo el 4,5% de los cotizantes para el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) suscriben también un plan voluntario pese a los incentivos fiscales ofrecidos por la ley. Los futuros pensionados parecen confiar en la capacidad de los regímenes tradicionales para proporcionarles una vejez digna. Si esa confianza estuviera justificada, la Ley de Protección al Trabajador no tendría tanto sentido.
Cuando la Asamblea Legislativa aprobó esa ley, en el 2000, lo hizo con la explícita intención de compensar el deterioro de los beneficios otorgados por otros regímenes, en especial el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La normativa creó un nuevo régimen obligatorio para apuntalar los beneficios del IVM y estableció los planes voluntarios, con posibilidad de ahorrar hasta el 10% de los ingresos sin pagar por ellos el impuesto sobre la renta. Los rendimientos obtenidos por los fondos de pensiones se suman al ahorro para hacerlo crecer.
Sabedor del futuro e inevitable deterioro de los beneficios en los regímenes tradicionales, el Estado invitó a la ciudadanía a hacerse cargo de su propio futuro y le proporcionó un modesto apoyo. En el 2000, el beneficio del IVM era de un 60% del salario de referencia, pero cinco años más tarde la CCSS aprobó una rebaja para ubicarlo entre el 43% y el 52,5% del salario de referencia. Aun así, recientes estudios actuariales del IVM apuntan a la necesidad de elevar las contribuciones, extender la edad de jubilación y recortar los beneficios. Visto el panorama, es hora de lamentar que el 95,5% de los afiliados al ROP pasara por alto la oportunidad de afiliarse también a un sistema voluntario.
Desafortunadamente, no todos los trabajadores pueden limitar el consumo actual para garantizar la satisfacción de necesidades futuras, pero el desproporcionado porcentaje de personas no afiliadas a un régimen voluntario apunta a otros factores, de índole cultural, que es preciso encarar cuanto antes.
Héctor Maggi, gerente de la operadora de pensiones de la CCSS, lamenta que no hayamos sido educados para el ahorro. “La edad ideal para planificar la pensión son los 22 años, casi con el primer salario, pero la realidad de nuestra sociedad es que empezamos a pensar en la pensión cuando tenemos más de 50 años y el tiempo es ya muy corto para actuar”.
Junto con Maggi, otros ejecutivos en el campo de las pensiones coinciden en la necesidad de educar para el ahorro desde edades tempranas. Esa formación también tendría otros beneficios, pero nos habría hecho mucho más fácil el camino a transitar para atender los problemas planteados por el envejecimiento de la población.
Si cupiera duda, bastaría revisar los beneficios del ROP, cuyo carácter obligatorio empieza a revelarse como una bendición. El régimen, apenas creado hace 17 años, no ha terminado de madurar, pero ya aumenta el número de jubilados que en lugar de liquidar su fondo se acogen al sistema de “retiro programado” (se divide el dinero entre los años restantes de expectativa de vida para después calcular una suma mensual) o al sistema “permanente” (la pensión es el producto de los rendimientos del capital acumulado). Es decir, el ROP comienza a operar como un régimen de pensiones cuyo pago promedio mensual ya ronda ¢94.000. Complementado por un sistema voluntario, además del IVM u otro régimen tradicional, ese ingreso pondrá al jubilado en una posición mucho más ventajosa.