Pocos proyectos de ley tan peligrosos para la democracia ha considerado la Asamblea Legislativa como la transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) en Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN). El cambio va mucho más allá del nombre. Cuando introduce regulaciones pregonadas como necesarias para profesionalizar el organismo y garantizar su compatibilidad con el Estado de derecho, la iniciativa más bien crea oportunidades para el abuso.
Un inquietante párrafo del artículo 28 del proyecto hace referencia a la posibilidad de interceptar conversaciones telefónicas privadas, móviles o fijas, y comunicaciones privadas de datos. Según la DIS, el artículo no la autoriza para hacer las intervenciones, pero diputados a favor y en contra de la iniciativa lo interpretan de otra manera.
El legislador gobiernista Marco Redondo se pronuncia, sin ambigüedades, por permitir la posibilidad de “prospectar” ante amenazas internas o externas. El liberacionista Ronny Monge confirma la autorización de las escuchas, siempre que exista una justificación relacionada con la seguridad nacional. Las dos versiones son alarmantes.
Las intervenciones telefónicas en Costa Rica están muy limitadas, quizá demasiado. Las autoridades policiales se quejan de la tardanza de la autorización judicial y de los plazos fijados por los jueces, a menudo insuficientes para dar el seguimiento apropiado a actividades criminales cuyo desarrollo no es instantáneo. Nada de eso justifica el desplazamiento de la autoridad confiada a los jueces o la entrega parcial de sus potestades a organismos administrativos.
Los problemas tienen solución. Si los jueces autorizan plazos demasiado cortos, es cuestión de sentarse a conversar con la Corte Suprema de Justicia para alargarlos. Si el Poder Judicial teme perder control sobre la supervisión, podrían preverse mecanismos sencillos para prorrogar los plazos, cuya justificación saldría de las intervenciones mismas o de otras circunstancias del caso.
Poner esa facultad en manos de la DIS o del organismo creado para sustituirla, es ignorar el poco ilustre pasado del cuerpo nacional de inteligencia, entre cuyos escándalos destacan, precisamente, las escuchas y seguimientos arbitrarios. El problema lo conoce muy bien Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio, que en su condición de dirigente sindical temió haber sido vigilado. “Eso de las intervenciones le corresponde a un cuerpo especializado del Poder Judicial”, afirmó.
El proyecto de ley, tal como fue anunciado, procuraría establecer controles sobre la actividad de la DIS. La realidad es otra. El organismo opera en el marco del Ministerio de la Presidencia. La gran innovación es crear un consejo de fiscalización al cual se sumarían el ministro de Seguridad Pública, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y el defensor de los habitantes.
El organismo se reuniría una vez al año y extraordinariamente cuando lo convoque el ministro de la Presidencia. Su acceso a los expedientes sería limitado. Su principal función sería analizar el cumplimiento del plan anual y quinquenal de la institución. En otras palabras, no ejercería supervisión alguna sobre lo verdaderamente importante: el respeto a las garantías y libertades individuales. No es de extrañar que la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, haya adelantado su falta de disposición para participar del consejo. Los supuestos controles son absolutamente ineficaces, los poderes excesivos y los antecedentes alarmantes. La aprobación del proyecto no tardaría en ser lamentada.