La mora judicial es causa de profunda preocupación en el país, donde los juicios tardan demasiado y la justicia pronta y cumplida no pasa de ser, en muchos casos, un enunciado de buenas intenciones. La Corte Suprema de Justicia ha emprendido importantes reformas para enfrentar el problema, pero parte de las soluciones requieren de intervención legislativa.
Por esa razón, el Congreso ha dado trámite a tres reformas procesales en un corto lapso. Todas tienen el propósito de agilizar los trámites mediante su simplificación y la introducción de procedimientos orales. Pero las reformas se han aprovechado para hacer otras modificaciones, como las polémicas normas sustanciales del nuevo Código Procesal Laboral.
También se ha visto en los cambios una oportunidad para ampliar derechos, como es frecuente en la Asamblea Legislativa, sin identificar las fuentes de financiamiento para hacerlos realidad. El nuevo derecho de la ciudadanía costarricense, construido paulatinamente, código a código, parece ser a la asistencia legal gratuita, no solo en los procesos penales, sino también en los laborales y, si se aprueban los nuevos procedimientos propuestos para la materia agraria y de familia, el beneficio se extenderá a esos ámbitos.
En todos los casos, la obligación recae sobre el Poder Judicial y más específicamente sobre la Defensa Pública, cuya directora, Marta Iris Muñoz, no deja de advertir, a cada paso, la falta de recursos para cumplir las exigencias impuestas irreflexivamente por los diputados. En el caso de la jurisdicción de familia, la asistencia les será brindada a demandantes y demandados.
La primera preocupación es el posible deterioro de la función primordial de la defensa pública. Si bien la sociedad debe hacer cuanto esté a su alcance para facilitar el acceso a la justicia, en ningún ámbito es tan importante la asistencia legal gratuita como en el del derecho penal. Los valores en juego en estos casos son de primordial importancia y ningún sistema judicial que se precie de justo omite la más amplia oportunidad de defensa.
Es un error debilitar a la Defensa Pública con la asignación de funciones adicionales para las cuales no dispone del personal y los recursos necesarios. Los defensores entregaron a los diputados un documento donde calculan en ¢12.000 millones el costo de atender los nuevos requerimientos del Código Procesal de Familia bajo estudio del Congreso y otros ¢4.000 millones para enfrentar las exigencias del nuevo procedimiento agrario.
Sorprende constatar cómo la Asamblea Legislativa no se detiene a reflexionar sobre estos problemas pese a la larga experiencia acumulada en un país donde la creación de derechos sin contenido económico es fuente de importantes frustraciones y un acicate para la judicialización de conflictos creados artificialmente por los diputados.
Luis Paulino Mora, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, aprovechó la apertura del Año Judicial del 2011 para criticar las indebidas exigencias impuestas por la demagogia y el oportunismo electoral. Exigió abandonar la insistencia en ganar votos mediante la creación o ampliación de derechos ayunos del contenido económico requerido para hacerlos valer. “Después de todo, los derechos valen en tanto y en cuanto se puedan hacer efectivos. Lo demás es papel”, sentenció.
Pero en la década de los noventa y los primeros años de este siglo, entre el 50% y el 70% de la nueva legislación sustantiva creó derechos, amplió los existentes, o reconoció nuevas obligaciones del Estado frente a los ciudadanos. Apenas entre el 10% y el 20% de esas normas, dependiendo del año, señaló una fuente de financiamiento. Los derechos contemplados en las leyes así aprobadas pronto serían expectativas insatisfechas. En el caso de la Defensa Pública, la insatisfacción de su misión esencial sería especialmente grave.