El propósito de un buen sistema de seguridad en el hogar no es impedir el ingreso de los delincuentes, sino convencerlos de escoger a su víctima entre los vecinos. El razonamiento tiene una dosis de cinismo, pero eso no lo hace menos verdadero. No existen medidas de seguridad a toda prueba, por lo menos no entre las opciones disponibles para la familia promedio y aun para las favorecidas con mayores recursos. Todas pueden ser vulneradas con más o menos esfuerzo.
El ladrón escogerá la vivienda más vulnerable, como los depredadores escogen a la presa lenta o enferma. Es una realidad descorazonadora, frente a la cual solo valen los esfuerzos destinados a la seguridad colectiva. Mientras esos mecanismos no ofrezcan plenas garantías, la persona prudente destinará cuanto le sea posible a establecer mecanismos aptos para disuadir al hampa y desviar su atención hacia objetivos más desprotegidos. Quizá lo haga con plena consciencia, quizá no, pero el resultado objetivo no está en duda.
Aunque sus habitantes no lo quieran, el hogar se protege para que la víctima sea otro, porque nadie duda de que habrá víctimas. El mismo razonamiento vale para los países como Costa Rica, amenazados por el embate de peligrosos carteles del narcotráfico, capaces de penetrar su institucionalidad, corromper con inagotables recursos las más altas esferas de su liderazgo político e imponer, mediante el miedo, restricciones a las libertades básicas.
Bastaría preguntar a un editor de periódicos en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos, si se siente en libertad de ejercer a plenitud su derecho a opinar e informar. A cualquier otro habitante de esa ciudad podría preguntársele si la transita despreocupado o envía confiado a sus hijos a la escuela.
Eso es lo que está en juego, la institucionalidad democrática y las libertades básicas. Es, en el más profundo sentido de la expresión, un problema de seguridad nacional, y hasta ahora, Costa Rica ha evitado, con algunos tropiezos, hacer el papel de víctima en el barrio. Nuestro territorio es relativamente incómodo para el narcotráfico, que prefiere, por lo general, victimizar a naciones vecinas.
Por eso es preocupante constatar el empecinamiento de algunas fuerzas políticas, sobre todo la fracción socialcristiana del Congreso, en derribar una de nuestras líneas de defensa: el acuerdo de patrullaje conjunto con Estados Unidos. Preocupa más porque los vecinos, incluida Nicaragua, no dan muestra de tener las mismas intenciones.
Estados Unidos firmó un acuerdo de patrullaje conjunto con Nicaragua el 1.° de junio del 2001. El convenio, titulado “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Nicaragua sobre cooperación para suprimir el tráfico ilícito de drogas por mar y aire”, comenzó a regir el 15 de noviembre de ese año. Existen convenios similares con gran cantidad de naciones isleñas del Caribe, Panamá, Honduras, Guatemala y República Dominicana, entre otras.
El convenio de patrullaje conjunto no es una vacuna infalible, como lo demuestra la presencia de Guatemala en la lista de países firmantes. Hay otras facilidades que el narcotráfico sabe aprovechar, pero no hay motivo para renunciar a esa primera línea de defensa cuando es norma común en el vecindario. Si la medida mínima de seguridad en el barrio es un sistema de alarma, quien ignore la necesidad de instalarla lo hace bajo grave riesgo y asume una responsabilidad muy similar a la asumida por los socialcristianos en el plano nacional.