Cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió un concurso para comprar 140 megavatios a los generadores privados, las empresas respondieron con una oferta de 360 megavatios, producidos con fuentes limpias, bajo estricta supervisión tarifaria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y con precios limitados a una banda de entre $0,08 y $0,12 por kilovatio hora, casi la mitad del estimado en aquel momento para el producto de la nueva planta de Pirrís, construida por el ICE.
El exceso de 220 megavatios ofrecidos demuestra la disponibilidad e interés de los inversionistas. La adjudicación de contratos por solo 140 megavatios prueba la obstinada determinación de quienes se oponen a permitir mayor participación privada en la producción energética.
No tiene sentido impedirle a un empresario arriesgar capital y esfuerzo para generar energía barata y amigable con el ambiente, siempre bajo regulación estatal, sobre todo cuando el ICE carece de los recursos necesarios para garantizar el abastecimiento y el precio final de sus nuevos proyectos se compara de manera tan desfavorable con la oferta privada.
Con el paso del tiempo, los sinsentidos se agigantan. Para evitar apagones, el país depende hoy de seis plantas térmicas de probada ineficiencia. La generación térmica es la más cara y contaminante. Aun así, las seis plantas menos eficientes hacen que las otras tres parezcan una maravilla en términos de costos y efecto ambiental. En el 2012, la planta de Garabito resultó diez veces más barata que la de Moín y cada kilovatio generado en Barranca costó el triple que en Garabito, donde se produce el 80% de la energía térmica nacional.
René Castro, exministro de Ambiente y Energía, calificó las plantas existentes como “un horror, un desastre financiero fatal, un crimen contra la economía y el medioambiente”. El bolsillo de los consumidores le da la razón, así como el torrente de gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera por un país que ha prometido al mundo luchar por la carbono-neutralidad.
El “crimen” adquiere dimensiones espeluznantes, si se considera que es perfectamente posible prescindir de la energía térmica, o cuando menos recurrir a ella con menos frecuencia, si nos decidimos a ampliar la generación privada y se le permite al ICE explotar la geotermia.
Sin embargo, los sinsentidos de la política energética nacional son todavía mayores. Para bajar el costo de la electricidad y su devastador efecto sobre la industria y los presupuestos familiares, el ICE comprará toda la energía disponible en el Mercado Eléctrico Regional cuyo precio sea menor que el de la producción local. A ese efecto, la institución presupuestó $80 millones este año, cinco veces más que en el 2013.
Pero la energía importada de Centroamérica plantea una paradoja: buena parte la producen empresas privadas establecidas en los países vecinos, muchas de ellas operadoras de plantas térmicas. En términos ambientales, la solución se parece mucho al problema. En términos económicos, implica la decisión consciente de preferir al empresario extranjero. En otras palabras, Costa Rica estimulará el desarrollo ajeno.
La inversión y los puestos de trabajo permanecerán en países vecinos. El nuestro correrá con los costos y enviará las ganancias al exterior. Pagaremos menos por la electricidad, pero los precios no serán tan buenos como los ofrecidos por los generadores privados cuando acudieron al llamado del ICE para responder a la limitada oferta de comprar 140 megavatios.
Para justificar las compras en el extranjero, Salvador López, director de Energía del ICE, declaró: “No vamos a usar nuestras plantas más caras solo porque son nuestras. Si podemos conseguir energía más barata en la región, pues preferimos eso”. El razonamiento es encomiable, pero mucho mejor sería decidirnos a no usar nuestras caras plantas solo porque son operadas por la empresa estatal.
Si la oferta privada es más limpia y barata, es hora de abrir el espacio necesario para su desarrollo.