A tenor de las declaraciones de los encargados del sistema de pago del Ministerio de Educación Pública, los errores serán eternos. El 96% de la planilla del Ministerio, unos 74.793 funcionarios, recibieron excesos de pago entre el 2002 y el 2016. La deuda acumulada asciende a ¢39.000 millones y difícilmente será recuperada en su totalidad. Hasta ahora, el Estado solo ha conseguido la devolución de ¢14.173 millones, un 36% del total.
Los problemas del sistema de pago son de larga data. No hace mucho, causaron fuertes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y los docentes. A muchos no les llegaba el salario, se les entregaba incompleto o con tardanza. El problema parece estar resuelto, cuando menos en su mayor parte. Las protestas de los maestros dieron resultado, pero nadie pone el grito en el cielo por el río de dinero pagado de más.
Para responder a las quejas de los docentes, el Ministerio cambió el sistema conocido como SIGHRH por la plataforma Integra2, adoptada en el 2014. Si bien cesaron las protestas del magisterio, los excesos de pago se mantuvieron. Los encargados señalan la responsabilidad del sistema anterior en la mayor parte de los 74.793 casos de pago en exceso acumulados desde el 2002. La observación no sorprende. Entre ese año y el 2014, cuando entró en operación la nueva plataforma, transcurrió una docena de años. Lo sorprendente es el papel desempeñado por el nuevo sistema en 29.193 incidentes ocurridos desde su adopción. El número representa, en solo dos años, más de una tercera parte del total de casos acumulados.
Los funcionarios a cargo del sistema de pagos apuntan a diversos factores cuya existencia podría justificar un grado de imprecisión, pero no tanta. Las proyecciones de matrícula de los directores para determinar el número de maestros, grupos y lecciones requeridos el año siguiente con frecuencia no se ajustan a la realidad. En febrero, el Ministerio paga según las proyecciones pero en marzo, cuando se estabiliza la matrícula, se da cuenta del pago de lecciones en exceso. Incapacidades, pensiones, permisos sin goce de salario y renuncias no reportadas a tiempo también causan confusión.
El control de esos factores, sin embargo, no está totalmente fuera del alcance del Ministerio. La sobreestimación de la matrícula, como problema recurrente, puede ser enfrentada con una mejor supervisión del proceso y de los medios para comunicar los ajustes necesarios. Las informaciones tardías, por su parte, deben acarrear sanciones para quienes tienen el deber de transmitirlas a tiempo.
El Departamento de Recursos Humanos del Ministerio también señala la responsabilidad de los docentes y funcionarios a cuyas manos llegan pagos que no les corresponden. Callar y conservar el exceso es una conducta desleal, pero dirigentes del magisterio aseguran que el pago en exceso no siempre resulta obvio, porque la compensación es variable. En algunos casos, la explicación puede ser cierta pero, como ocurre con los alegatos del Ministerio, es difícil creer que sea aplicable a tantos errores. Por otra parte, dicen los dirigentes, hay maestros que hacen la devolución y luego les siguen pagando de más.
El problema no es de poca monta. La información publicada por La Nación el 11 de agosto compara los recursos no recuperados a la fecha, unos ¢25.000 millones, con los ¢20.000 millones de inversión anunciada para construir y reparar 96 centros educativos en Guanacaste. El contraste da una idea de la necesidad de revisar una vez más el sistema y hacer a un lado la resignación del Ministerio a la perpetuidad de los errores. Algunos habrá siempre y seguramente en todos los sistemas, pero el calibre de los problemas con la planilla de la educación pública es muy grueso para no atenderlo.