La Caja Costarricense de Seguro Social duplicó el aporte estatal al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para subsidiar las pensiones mínimas de quienes no cotizaron lo suficiente para recibir el beneficio. El Estado deberá desembolsar ¢56.000 millones más para llevar su contribución de 0,58% a 1,24%, de un momento a otro. La carga se incrementará en años venideros porque el aporte estatal se calcula con base en las cotizaciones de patronos y trabajadores. En consecuencia, crece con los salarios y el número de afiliados.
El hueco de ¢56.000 millones en las finanzas públicas crecerá con los años y, de entrada, no hay como llenarlo salvo el endeudamiento. Sin embargo, la decisión de la Caja va más allá. Los otros dos grandes regímenes de pensiones, el del Poder Judicial y el de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), tienen derecho al mismo aumento. Las leyes que rigen esos sistemas de jubilación exigen al Estado aportes idénticos a los del IVM.
Así, la medida impulsada para beneficiar a los asegurados de menos recursos favorecerá a regímenes mucho más generosos, como el del Poder Judicial, donde el Estado ya aporta de más en su condición de patrono. Es una segunda ley de “enganche”, como la aprobada para aumentar los salarios del personal médico cuando se mejoran los ingresos de los empleados del Gobierno Central.
La contribución del Estado a Jupema subirá de ¢6.629 millones hasta alcanzar ¢12.456 millones el año entrante. El aumento en los ingresos del régimen del Poder Judicial podría rondar los ¢1.350 millones. En total, los aportes del Estado a los tres regímenes de pensiones serán de unos ¢123.000 millones.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda se muestran alarmadas, con toda razón. El ministro Helio Fallas se pregunta si la Junta Directiva de la Caja tiene conciencia del efecto de la medida sobre las finanzas públicas. La protesta de Hacienda no extraña en medio de nuestra grave crisis fiscal, pero el caso pone en evidencia una nueva falla estructural, entre tantas que ya no pueden ser disimuladas.
En el Poder Judicial, donde las pensiones de privilegio son de rigor, los administradores enfrentan críticas por la futura salud del sistema. Ahora, la Junta Directiva de la Caja contribuye a cerrar la brecha financiera, quizá sin proponérselo, y alimenta una práctica desde todo punto de vista criticable. La ley no permite hacer distinciones en el porcentaje de contribución estatal a los diversos regímenes, pero es indiferente ante las distinciones entre los beneficios para los jubilados.
La pensión promedio del IVM es una fracción de las disfrutadas por los empleados del Poder Judicial, cuyas cotizaciones son mayores pero insuficientes para justificar el abismo entre una y otras. Aun la jubilación máxima de la Caja palidece ante las pensiones más comunes de la Corte y se asigna como tope, sin importar cuánto haya cotizado el beneficiario a lo largo de su vida laboral. Todo eso sin considerar siquiera las diferencias en la edad de jubilación en cada régimen, con desventaja, claro está, para los afiliados al IVM. La burocracia estatal se sirve con cuchara grande y, ahora, pasa la factura, una vez más, a la sociedad.
Pero el Ministerio de Hacienda no está exento de responsabilidad. Los efectos de la presión creada por la Junta Directiva de la Caja sobre las finanzas públicas podrían ser menos determinantes si la administración se preocupara por impulsar una política de ordenamiento del aparato estatal y sus deficiencias estructurales, incluida la segunda “ley de enganche” y los problemas del propio IVM.