La opacidad de la banca pública costarricense tiene dos dimensiones: una, la señalada por la Reserva Federal de los Estados Unidos en noviembre del año pasado. La otra se constata en la escasa información disponible para la comunidad nacional, dueña, en última instancia, de los bancos del Estado.
La Reserva Federal no deja lugar a dudas cuando explica sus razones para imponer la más baja calificación posible a los bancos públicos, comenzando por Bicsa. Habla de la falta de transparencia del sistema financiero y la baja capacidad de supervisión para combatir el lavado de dinero y ejecutar una buena supervisión bancaria consolidada.
La preocupación de la Reserva Federal debe ser compartida por la sociedad costarricense, pero hay problemas adicionales, más allá del interés concreto de los supervisores estadounidenses, que son igualmente importantes para los intereses nacionales. Un esfuerzo informativo de este periódico ha corrido el velo para mostrar cuestionables prácticas bancarias, que van desde el acaparamiento de puestos en las juntas directivas de las subsidiarias hasta contrataciones fallidas por parentesco de los participantes y dudas sobre la forma de proceder ante una directora vinculada con una empresa cuyas cuentas están bajo investigación del Ministerio Público.
Las juntas directivas de los bancos estatales han estirado el concepto del secreto bancario para cubrirse con él y dejar al país en la ignorancia. El secreto existe para cobijar las transacciones de los clientes de la banca, pero su aplicación a las prácticas administrativas y actas de los bancos es muy cuestionable.
El Banco de Costa Rica (BCR) cerró las cuentas de la empresa Latco por actividad sospechosa y trasladó la información a la Fiscalía, donde se abrió una investigación para esclarecer el origen de sus recursos. Jennifer Morsink, gerenta general y apoderada generalísima de Latco era también miembro de las juntas directivas del Banco Nacional (BN) y de Bicsa, cuya propiedad comparten los dos grandes bancos estatales.
El BCR convocó una asamblea de Bicsa, el 18 de diciembre, para discutir la presencia de Morsink en la directiva. Asistieron la presidenta del BCR, Paola Mora, y el director del BN, Jorge Méndez. La remoción de la directora, propuesta por el BCR, no fue posible porque Méndez alegó falta de información suficiente, aunque el cierre de las cuentas de Latco en el BCR se había hecho público meses antes. En el acta consta que se le suministró información detallada y él asumió el compromiso de comunicársela a la directiva del BN.
Sin embargo, Ana Isabel Solano, presidenta del BN, negó recientemente ante los diputados haber recibido la información. El BCR pidió entonces la remoción de Méndez de Bicsa, pero Solano afirmó que él sí había transmitido verbalmente los detalles del caso y lo que no se ha recibido es el informe escrito. El BN, entonces, tuvo información de tan grave asunto y decidió sentarse a esperar.
El 18 de enero, en una segunda asamblea de Bicsa, el BN, nuevamente representado por Méndez, asintió a la remoción de Morsink pero solamente por motivos de salud. La directiva del BN había discutido el caso el 18 de noviembre, pero los directores liberacionistas, junto con algunos del PAC, salieron en defensa de Morsink. Según Luis Pal, ellos no debían tener “ninguna injerencia” en el caso. “Lo que ocurra entre el Banco de Costa Rica y doña Jennifer Morsink como apoderada generalísima de esa empresa es un asunto de carácter personal; ahí debería mantenerse”. Méndez añadió: “No acepto de ninguna manera la propuesta de remover a una persona, sin tener claridad de lo que se trata”. El caso ya tenía cuatro meses de ser de conocimiento público.
Fieles a su noción del “secreto bancario”, los directivos del BN decidieron que el país no tenía por qué enterarse de los discutido y para prevenir una fuga de información acordaron no informar al Consejo de Gobierno ni a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El acta recoge una extensa discusión, incluida una petición a los bancos socios para actuar con prudencia: “Imagínese el grado de preocupación de esta conversación que, al final, se decidió no dejar ningún acuerdo escrito, bajo el argumento de que al día siguiente lo tendría la prensa antes que los propios directores”, expresó el directivo Méndez.
El 24 de febrero, La Nación informó del acaparamiento de puestos en las juntas directivas de las subsidiarias del BN por parte de los directores de la institución. Cinco de los siete directores, incluidos los liberacionistas, avalaron modificar la composición de las juntas directivas y se nombraron a sí mismos en los cargos, que devengan importantes dietas, no obstante una prohibición vigente en el Código Corporativo.
El presidente, Luis Guillermo Solís, calificó lo actuado como inconveniente y pidió rectificar. Los directivos se resistieron, alegando que con su decisión habían reformado tácitamente la norma que les impedía ocupar los puestos en las subsidiarias. El Consejo de Gobierno pidió, entonces, un informe a la Sugef. Finalmente, luego de mucho debate y sin que el informe fuera rendido, renunciaron a los cargos a mediados de marzo.
Por supuesto, hubo recriminaciones por la “filtración” a la prensa, es decir, porque el país fue informado. Los directivos dijeron haber dimitido para no entorpecer las investigaciones, pero conservaron sus cargos en el banco, en otras palabras, en el cargo de mayor influencia, en cuyo ejercicio incurrieron en las actuaciones investigadas.
También se manejó con mucha discreción el pago de un bono de productividad a los empleados del Banco Nacional con base en estados financieros erróneos, la sobrestimación de ganancias y el cobro de ¢50.000 millones exigido por las autoridades tributarias, del cual no se informó en el momento oportuno.
En el 2014, la directiva del BN decidió hurgar en la correspondencia electrónica de sus funcionarios para saber quién facilitó al semanario El Financiero las actas donde se revelaba que la institución cerró el 2013 con ganancias de ¢25.400 millones, un 44% menos que el año anterior. Ese dato no debía ser conocido por los ciudadanos, propietarios del banco.
El Consejo de Gobierno no ha hecho absolutamente nada, salvo esperar el informe de la Sugef y, ahora que lo tiene, nada de nuevo, pero la fracción liberacionista se movilizó para defender preventivamente a sus directores, acusando a la inmóvil administración de persecución política, con el argumento de que Méndez evitó una colocación de bonos promovida por el Ministerio Hacienda. Además, en busca de algún defecto, pide certificaciones del nombramiento de los miembros de la junta directiva que se han opuesto a los abusos y exige una resolución sobre una vieja y discutible denuncia contra Paola Mora, la presidenta del BCR que destapó el caso Latco, quien, según los diputados, está siendo utilizada para destituir a Méndez en el marco de un plan del gobierno para tomar la mayoría en las juntas directivas de los bancos estatales y “convertir el sistema bancario en un comodín para puestos políticos”. Nada más ha pasado, en opinión de los liberacionistas. Así se maneja, entre silencios y maniobras políticas, la banca estatal.