El martes venció el plazo concedido por el plenario legislativo para dictaminar el plan fiscal, pero el presidente de la comisión encargada del análisis prolongó las sesiones para no dejar de discutir cientos de mociones pendientes de trámite. En casi todos los casos, el único propósito de las iniciativas era dilatar el proceso, como se hace evidente por su contenido francamente ridículo.
Entre las mociones sometidas a la comisión hubo una del Movimiento Libertario para exonerar las hostias del impuesto al valor agregado (IVA), y otra para liberar del impuesto sobre la renta a las organizaciones legalmente constituidas “para la defensa del canto popular costarricense”. El trámite, como corresponde, fue también ridículo. Los integrantes de la comisión, aburridos hasta la desesperación, escuchaban al presidente proponer un voto sobre determinada moción, manifestaban su acuerdo o desacuerdo y, como los legisladores favorables al plan fiscal eran mayoría, se daba la moción por rechazada.
Aunque el trámite de cada moción fue rápido, dado el poco interés de su contenido y la conciencia de los diputados sobre el juego que estaban jugando, los legisladores opuestos al plan fiscal presentaron suficientes iniciativas para mantener a la comisión ocupada hasta el jueves por la noche.
Edgardo Araya, presidente del grupo dictaminador, comprendía la inutilidad del esfuerzo, pero temía viciar el procedimiento si omitía votar alguna moción. Con la prórroga de las sesiones, ningún diputado podrá alegar desatención a sus iniciativas o negación de la democrática oportunidad de verlas sometidas a votación.
La solución parece pacífica y hasta excesivamente considerada, pero tampoco satisface a los opositores, ahora preocupados por la violación de la voluntad del plenario, que estableció el martes como fecha límite para concluir el proceso. Se trata de los mismos opositores que habrían impugnado el trámite si se hubiera omitido la discusión de alguna iniciativa ridícula, planteada con claros propósitos de dilación.
Más allá de las opiniones encontradas sobre el plan fiscal, la sociedad costarricense tiene una nueva razón para preocuparse por la parálisis legislativa y la incapacidad de impulsar una agenda nacional, aun cuando medie acuerdo entre las principales fuerzas políticas, constituidas en mayoría. Si la tesis opositora llegara a prosperar, quedaría en letra muerta la sufrida reforma al reglamento legislativo mediante la que se creó la vía rápida.
La reforma ha demostrado ser insuficiente. Las barreras impuestas a la vía rápida impiden su frecuente aplicación al trámite de leyes urgentes. Ahora, los opositores al plan fiscal pretenden, en la práctica, eliminarla por completo. Es tan fácil como presentar las mociones necesarias para asegurar el vencimiento del plazo otorgado a la comisión dictaminadora. Si se omite discutir alguna moción dentro del plazo, la omisión será alegada como vicio. Si el plazo se prolonga para evitar ese contratiempo, el vicio estará en el incumplimiento del límite temporal fijado por el plenario.
El resultado vendría a ser un callejón sin salida donde hoy queda atrapada la reforma fiscal y mañana cualquier otro proyecto. Nada asegura que la tesis de los opositores al plan fiscal prevalecerá y hay buenas razones para creer lo contrario, pero la intención es clara y preocupa porque entre ellos hay quienes se comprometieron, el pasado primero de mayo, a impulsar una reforma al reglamento legislativo para impedir la parálisis y asegurar la adecuada respuesta del Congreso a las necesidades del país.
La sinceridad de aquellas promesas y la viabilidad de la reforma quedan en entredicho con la maniobra fraguada para impedir el paso del plan fiscal.
Los defensores de la reforma tributaria afirman que la aprobación de la vía rápida incluye la autorización de prolongar las discusiones para no dejar ninguna moción pendiente. El debate está planteado y probablemente llegue a la Sala Constitucional, donde la resolución definitiva indicará hasta qué punto el Congreso necesita reforma para servir al país.