Si la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) hubiera acelerado la construcción de las obras de infraestructura contratadas con el Estado costarricense, habría un argumento para defender su secretismo. En una democracia como la nuestra, el silencio en asuntos públicos siempre es incómodo, pero el debate sobre la falta de transparencia de la Unops no podría dejar de sopesar los buenos resultados.
Sin embargo, ese no es el caso. Los $134 millones en obras contratados con la Unops incluyen los nuevos puentes sobre el río Virilla, entre Santa Ana y Lindora, el de la ruta 32, en Tibás, y tres pasos a desnivel en la Circunvalación, pero solo el puente de Lindora está avanzado. El paso a desnivel de la actual rotonda de las Garantías Sociales y el puente de la ruta 32 están por comenzar, pero el país no podrá conocer los detalles de la contratación si prevalece el convenio de confidencialidad firmado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a exigencia de la Unops.
Las ofertas, su evaluación, las minutas de las reuniones, las solicitudes de aclaración y las protestas presentadas por los interesados se mantendrán en “estricta confidencialidad”. El Conavi no podrá reproducir el expediente, divulgarlo o discutir su contenido con terceros y tampoco quedará rastro histórico, porque deberá devolver los documentos cuando deje de necesitarlos.
La Unops funda su reticencia a divulgar detalles de las operaciones en los privilegios e inmunidades de la Carta de las Naciones Unidas, pero eso no aclara por qué es necesario tanto secreto para desarrollar obra pública. No habría objeción alguna si la agencia de las Naciones Unidas operara con la rapidez prometida y, además, lo hiciera con la transparencia deseada no solo por los costarricenses, sino por las Naciones Unidas, que adoptó su propia Iniciativa para la Transparencia y la Rendición de Cuentas (Untai, por sus siglas en inglés) después de la Sexagésima Asamblea General celebrada en el 2005.
Las preocupaciones que condujeron a la Organización de las Naciones Unidas a adoptar normas y procedimientos para garantizar el buen manejo de sus propios recursos son idénticas a las de la sociedad costarricense. La segunda fase de la Untai, lanzada en el 2011 para garantizar el buen uso de las contribuciones de los países miembros, incluye mecanismos de supervisión eficaces, sistemas independientes de evaluación, control ético independiente, protección de los informantes, programa de manejo de conflictos de intereses, transparencia de la gestión financiera y gerencia del riesgo.
Ninguno de esos loables objetivos promovidos para las Naciones Unidas por la delegación estadounidense podría concretarse sin acceso a la información. En particular, sería imposible asegurar un último objetivo de la Untai, quizá el más pertinente para el caso de las operaciones de Unops en Costa Rica: la proveeduría eficaz y transparente. ¿Es mucho pedir la aplicación a nuestro país de los criterios establecidos para el manejo de las Naciones Unidas?
En setiembre, la Contraloría General de la República objetó la adjudicación del puente sobre el Virilla precisamente porque el Conavi no puede avalar la selección de un contratista sin tener acceso al expediente. Para ejecutar la obra, Unops no tuvo más remedio que poner los documentos en conocimiento del Conavi, no sin antes exigir la firma del convenio de confidencialidad. A su vez, el Conavi compartió la información con la Contraloría, pero le advirtió la existencia del pacto de silencio. La comunidad y otros contratistas no pueden saber de los trámites.
Bien pregunta el diputado Ottón Solís: “¿Por qué ese secretismo? Son recursos públicos. ¿Por qué de pronto a una agencia extranjera se le permite lo que no se le permite a nadie en este país?”, y lo que no se permite, añadimos, en la Organización de las Naciones Unidas si se aplican fielmente los principios de la Untai.