El éxito de la Defensoría de los Habitantes depende de la claridad de sus objetivos, pero la definición legal es muy amplia y la delimitación de funciones depende de la prudencia de sus jerarcas. Cualquier cosa puede pasar por defensa de los habitantes y es necesario un ejercicio de autodisciplina, o autocontención, para evitar el impulso de pronunciarse sobre todos los acontecimientos nacionales, desde el debate ideológico hasta la formación de políticas confiadas por la Constitución a otras instituciones.
Por iniciativa del Gobierno, el Congreso debate un proyecto de ley de reforma tributaria. El debate apenas comienza, pero la Defensoría ya se manifestó en contra, constituyéndose en partícipe de una deliberación en la cual no está llamada a terciar. Los criterios incorporados al proyecto, dice la Defensoría, “no coinciden con una estructura fiscal que respete y potencie los derechos de los y las habitantes”.
Con la misma justificación, la entidad podría pronunciarse sobre cualquier otro tema de la agenda nacional. Si está de acuerdo con la idea en discusión, le bastaría eliminar el “no” para brindarle su apoyo. Así, una nueva emisión de bonos de la deuda interna, una sentencia judicial, una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, la licitación de un puente o cualquier otra cosa, coincide o no con una política que “respete y potencie los derechos de los y las habitantes”, dependiendo del punto de vista y el marco de referencia ideológico de quien lo contemple. El universo es de la Defensoría si está dispuesta a disolverse en él.
Por esa vía, la institución puede convertirse en proyecto ideológico personal, tribuna para la construcción de perfiles políticos o instrumento de determinada tendencia del debate ideológico, con abandono de sus objetivos esenciales: la defensa puntual de los derechos ciudadanos, entendidos como intereses concretos y bien delimitados. Esa es la función de la Defensoría y apartarse de ella va en menoscabo de una magistratura de influencia cuya consolidación es imposible si no guarda distancia del debate político.
Así como se pronunció sobre el plan fiscal, en las últimas semanas la Defensoría presentó una denuncia contra la exministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González, y otras ocho personas relacionadas con la construcción de la vía a Caldera. En su criterio, pueden haber incurrido en incumplimiento de deberes, desobediencia a la autoridad, prevaricato y pago irregular de contratos administrativos. En la Asamblea Legislativa y otros órganos pertinentes, la investigación está en proceso, pero ya la Defensoría plantó su pica en Flandes.
Hace meses, la institución criticó al Tribunal de Casación Penal por anular una condena en un caso de violación. El Tribunal notificó su decisión y se reservó el tiempo necesario para redactarla. La Defensoría se pronunció sin conocer las razones de los jueces y arremetió contra las garantías del proceso penal, sin saber las circunstancias de su aplicación al caso concreto.
No se trata de juzgar aquí el acierto o desacierto de las opiniones vertidas por la Defensoría o la justicia de las causas patrocinadas por ella. Los tres ejemplos citados son aptos para cultivar la simpatía popular y podrían entenderse como un deseo de “jugar para la gradería”. En alguno de ellos, la entidad podría estar del lado de la razón. La pregunta es si le corresponde actuar en estos campos, propios de la Administración de Justicia, la formación de las leyes y la formulación de políticas nacionales.
El país cuenta con una Fiscalía para adelantar las causas penales, un Poder Judicial encargado de aplicar el Derecho, un Ejecutivo para ejercer, cuando le corresponde, la iniciativa de ley, y un Congreso para discutir las propuestas y formular otras distintas, así como para ejercer el control político. Para defender los derechos de los ciudadanos en su interacción cotidiana con la Administración Pública y, en algunos casos, con otros particulares, está la Defensoría de los Habitantes. Si sus jerarcas no lo comprenden, erosionan los fundamentos de la institución y arriesgan su legitimidad.