La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) opera en secreto, bajo el mando de la Presidencia de la República, sin ninguna supervisión externa. Entre sus agentes hay muchos sin compromiso de dedicación exclusiva, capaces de ofrecer servicios de seguridad a particulares para redondear el salario. Despliega sus actividades en territorio costarricense, no en el exterior, y ha espiado a nacionales contra quienes no pesa cargo alguno. La ley no la legitima para hacer allanamientos o intervenir teléfonos. Tampoco puede hacer arrestos.
Con esas características, es difícil imaginarla como medio idóneo para combatir el narcotráfico o recolectar inteligencia de auténtico valor para la seguridad de un Estado sin ejército ni pretensiones bélicas. En cambio, es fácil entenderla como una amenaza para las libertades públicas y los derechos fundamentales.
El peligro no es teórico. Los antecedentes abundan y muchos han sido objeto de discusión pública. En 1995, el país conoció, sobresaltado, el caso de la empresa Astur, que desató un debate sobre intervenciones telefónicas ilegales.
Durante la administración pasada y sin ningún pudor, la agencia presentó a la Asamblea Legislativa fotos y datos que solo sirvieron para demostrar la dedicación de la DIS al seguimiento de ciudadanos costarricenses sin cuentas pendientes con la justicia. Contra los espiados no había cargos ni se formuló ninguno después de reveladas las fotos.
A cada paso, con cada nuevo escándalo, el Poder Ejecutivo ofrece una reforma integral de la agencia. Así sucedió en el 2009, cuando la denuncia de una supuesta estafa cometida con recursos de inteligencia de la entidad causó la renuncia de su director y confirmó la laxitud de los controles sobre un organismo con tareas tan oscuras y delicadas.
Un caso ilustrativo de la indefensión de la ciudadanía frente a las actividades de la DIS fue la denegatoria de la naturalización a un periodista con 30 años de residencia en el país porque el Registro Civil fue notificado de un expediente o “anotación” en los archivos de la DIS, cuyo contenido no podía ser divulgado por tratarse de un “secreto de Estado”. La indefensión no podía ser mayor. El Registro denegó la solicitud como auto de fe en la DIS, sin posibilidad de valorar los motivos ni de ejercer la defensa. La DIS recabó la información, no sabemos con qué métodos. Luego, juzgó sobre su gravedad, aunque no es posible conocer los criterios aplicados. Declaró todo secreto, quién sabe con qué autoridad y envió el dato al Registro. Al final, el Tribunal Supremo de Elecciones se vio obligado a intervenir para conceder la ciudadanía, pues los antecedentes no justificaban la denegatoria.
La DIS es una policía política. La caracterización no contiene una pizca de exageración y encuentra sólido respaldo en declaraciones públicas de funcionarios directamente involucrados en la preservación de la seguridad nacional. El ex fiscal general, Francisco Dall´Anese, no había abandonado el cargo cuando la describió como policía política y se quejó de que no está obligada a rendir informes, ni a identificarse “ni a suscribir nada”. No dudó para describirla como peligrosa para las garantías y libertades ciudadanas.
Si la apreciación de Dall´Anese fuera puesta en duda, las declaraciones de Mario Soto, exdirector del organismo, despejaría todo cuestionamiento. El ex funcionario aaceptó caracterizarla como policía política, pero sostuvo que hubo un cambio en 1991, al finalizar la Guerra Fría.
Las declaraciones confirman la operación de una incontrolada policía política en el marco de nuestra democracia, cuando menos hasta 1991, pero en nada contribuyen a demostrar el supuesto cambio operado en esa fecha. Por el contrario, los escándalos anotados ocurrieron años después y también las incumplidas promesas de reforma integral. El siglo pasado ya tocaba a su fin, por ejemplo, cuando el entonces fiscal general, Carlos Arias, confirmó a los diputados la comisión de abusos con las escuchas telefónicas investigadas a raíz del caso Astur.
El ex ministro de Seguridad Pública Fernando Berrocal se suma a los altos funcionarios del sector que han externado dudas sobre la DIS. Berrocal cuestionó la diligencia del trabajo desplegado por la agencia secreta y dijo saber de casos en que ex agentes de la DIS brindaron seguridad a narcotraficantes.
Ninguno de esos elementos debe escapar a la atención de los diputados ahora que llegó a conocimiento de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico un proyecto de ley para disolver la DIS. Las labores de inteligencia son necesarias si se conducen con claridad de objetivos, supervisión estricta, apego a la Constitución y a los derechos fundamentales que dan valor a la democracia. En cualquier otro caso, son un grave peligro.