El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) planteará al Congreso un proyecto de ley para eliminar los bonos de la deuda política. A los ojos del Tribunal, son un mecanismo “perverso”. La realidad de los últimos años aporta abundantes ejemplos de esa perversidad.
La reforma electoral del 2010 prohibió las donaciones de personas jurídicas y mantuvo la veda a las contribuciones de extranjeros, pero dejó abierto el portillo de los bonos para borrar con el codo lo hecho con la mano. Apenas aprobados los cambios, el Partido Liberación Nacional consultó al TSE si las prohibiciones abarcan la adquisición de bonos, y la respuesta, con vista en el texto aprobado, solo podía ser negativa.
Los bonos son una inversión, no una donación, y pueden ser adquiridos por personas jurídicas, sin importar si el capital es extranjero. La rentabilidad de la inversión depende del resultado electoral, pero el retorno económico es, con frecuencia, lo menos importante. Nada extrañas son las “inversiones” en bonos cuya redención a la luz de la historia y las encuestas es prácticamente imposible. Se trata de donaciones disfrazadas de inversión, y nadie lo disputa.
Una ley hecha para permitir la violación de los principios que ella misma pregona es un sainete contra la institucionalidad y el derecho. Aparte de la ficción implícita en las “inversiones” autorizadas por ley, el sistema también se presta para el fraude, tan fácil como abultar gastos pagados con papeles irredimibles para luego cobrar las facturas al TSE.
Con su nueva iniciativa de enmienda, las autoridades electorales pretenden eliminar el mecanismo y construir sobre otros aspectos de la reforma del 2010. En esa oportunidad, los diputados eliminaron los límites impuestos a las donaciones de personas físicas y, ahora, el TSE plantea la conveniencia de estimularlas mediante la aplicación de deducciones del impuesto sobre la renta para las contribuciones inferiores a diez salarios base (¢3,8 millones en la actualidad).
El proyecto también plantea elevar el adelanto de la ayuda estatal a un 30% o 50% de la deuda política total y la implantación de mecanismos para reducir el gasto de los partidos en transporte y en publicidad por medios electrónicos. Para mejorar los controles, la iniciativa exige a los partidos establecer una auditoría interna.
El planteamiento levantará polémica, especialmente en el uso gratuito y distribución de los servicios de publicidad y transporte, pero la reforma del financiamiento propiamente dicho debe ser acogida para evitar los escándalos surgidos, una y otra vez, de los comicios.
La erradicación de los bonos, además de cerrar portillos al fraude y eliminar ficciones inconvenientes, impide el ingreso a la política de capitales cuestionables, sean nacionales o extranjeros. La reforma, en este aspecto, implica un considerable aumento de la transparencia, cuyo efecto solo puede ser saludable para el cuerpo político.
Pasadas las últimas elecciones, el TSE cuestionó gastos por ¢4.000 millones. La suma representa un 13% de los pagos reclamados y demuestra el desorden imperante prácticamente en todas las tiendas electorales. Como ha venido sucediendo, las anomalías se proyectan sobre el Gobierno electo y las bancadas legislativas para estorbar la gestión, causar interminables debates y forzar la constitución de comisiones investigadoras donde los participantes buscan puntaje político o, cuando menos, el empate.
Las medidas propuestas, junto a la incorporación de un límite constitucional a la contribución estatal de entre 0,08% y 0,11% del PIB, según lo permita la situación económica del país, como lo sugirió la diputada Jeannette Ruiz, del Partido Acción Ciudadana (PAC), le ahorrarían a la sociedad costarricense, además de dinero, infinidad de distorsiones y sobresaltos.