La situación económica en Costa Rica se está deteriorando. Atrás quedó la estabilidad registrada en el 2016 y los buenos resultados en las principales variables financieras. ¿Qué implicaciones tiene este deterioro y cómo debe enfrentarse?
En el 2017, el crecimiento real probablemente será inferior al observado el año pasado; el desempleo continúa en niveles elevados (9,5% de la fuerza laboral) la inflación ha comenzado a repuntar (aspecto que consideraremos próximamente), se suspendió la reducción de las tasas de interés y, próximamente, veremos nuevos aumentos en el costo del dinero; el tipo de cambio ha continuado aumentando a pesar del soporte del Banco Central mediante el uso de reservas; el déficit fiscal, que resultó ser inferior al originalmente estimado para el 2010 (5,2%), también será superior este año (5,9% del PIB estimado por el Banco Central); la deuda externa sigue creciendo hacia niveles peligrosos y, encima de todo esto, la calificadora de riesgo internacional Moody’s degradó nuevamente la deuda soberana de Costa Rica.
Las razones por las cuales Moody’s degradó la deuda soberana costarricense, de Ba1 a Ba2 con perspectiva negativa (consideradas como inversiones de carácter especulativo), son muy similares a las esgrimidas por Fitch Ratings para rebajar su calificación, algunas semanas atrás. Todas reverberan alrededor de la situación fiscal: un déficit fiscal por encima de lo recomendable para cualquier país en vías de desarrollo; creciente deuda pública que podría alcanzar el peligroso umbral del 60% del PIB en escasos dos años; absorción de recursos excesivos para el pago de intereses (17% del total de ingresos en el 2016 y 19% estimado en el 2017), dejando menos recursos para satisfacer otras necesidades urgentes como programas sociales, inversión pública (muy venida a menos), seguridad nacional y cumplir otras funciones esenciales del Estado.
Una consideración importante en los dos dictámenes de las calificadoras de riesgo es la poca voluntad política para resolver el problema del déficit fiscal. Nosotros coincidimos en parte con su análisis. Tanto Moody’s como Fitch Ratings abogan por que los diputados de la Asamblea Legislativa aprueben los nuevos impuestos sometidos a su consideración por el Ministerio de Hacienda, pero ponen poco énfasis en la reducción de gastos. Nosotros, en cambio, consideramos que resulta mucho más importante reducir de manera sostenible el volumen de erogaciones y, además, modificar la estructura presupuestaria para satisfacer otros objetivos colaterales, como eficiencia, productividad y equidad social.
Cada vez que alguna calificadora de riesgo rebaja su calificación, no pierde tiempo el ministerio de Hacienda de culpar a la oposición legislativa por no aprobar oportunamente los nuevos tributos. Y la oposición, a su vez, inculpa al Gobierno por su reticencia a reducir gastos de manera sostenible, especialmente los relacionados con la planilla del Gobierno y los pluses salariales otorgados a los servidores públicos.
Es más, de los casi 4 puntos porcentuales del PIB en que se debería reducir el déficit fiscal, según las recomendaciones de organismos internacionales, la mitad debería provenir del lado de los gastos. Pretender que todo el ajuste emane de nuevos impuestos impondría una contracción muy fuerte sobre el sector privado y, en consecuencia, en el crecimiento de la producción real. Para que una reforma fiscal no sea contractiva, el esfuerzo debe venir principalmente de menores gastos corrientes, principalmente de los de carácter salarial. Hay estudios especializados realizados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) que así lo confirman.
Una reforma fiscal bien balanceada enfrentaría adecuadamente los problemas que causan desasosiego a las calificadoras de riesgo y, también, el deterioro de la situación financiera arriba apuntado. El efecto más notorio e inmediato de una simple disminución del faltante fiscal sería bajar la presión en las tasas de interés y la tendencia exponencial del crecimiento de la deuda pública. Pero eso, en sí, sería insuficiente para lograr los otros objetivos complementarios de una reforma fiscal bien balanceada. No mejoraría la eficiencia del gasto público ni, tampoco, la productividad del sector privado. Y dejaría por fuera el necesario replanteamiento de las funciones esenciales del Estado, malogradas desde hace mucho tiempo.