China donó al país dos escáneres móviles para revisar contenedores de carga valorados en $6 millones. Los entregó hace tres años, pero apenas ha pasado un mes desde que comenzó a funcionar el primero, luego de las reparaciones necesarias para revertir el deterioro causado por el abandono. El segundo no ha sido instalado por razones que se pierden entre las recriminaciones cruzadas del Ministerio de Hacienda y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
No está claro si Japdeva incumplió el compromiso de preparar la ubicación del equipo en Moín, como dice el Ministerio, o si todo está listo, en espera de la movilización e instalación del equipo por las autoridades aduaneras, como sostiene Japdeva.
Está claro, sin embargo, que las obras necesarias eran mínimas. Separar un espacio y cubrirlo de lastre era el requisito principal. Fue imposible lograrlo en tres años, pese a la inversión de los $6 millones y los $423.000 gastados en la rehabilitación del equipo dañado por la desidia. Con esa suma, el gobierno pudo haberle hecho un albergue de lujo a cada uno de los escáneres.
Si las instalaciones necesarias eran simples, la utilidad de los escáneres es enorme. Los puertos ganan en celeridad, precisión y seguridad. Gana el fisco por la mejoría de la revisión, ganan los empresarios por la rapidez de las inspecciones hechas a las exportaciones e importaciones y gana la seguridad nacional, especialmente en lo que toca al combate del narcotráfico.
Por eso extraña la tardanza en la colocación de los equipos y, sobre todo, la enigmática aseveración del viceministro de Ingresos, Álvaro Ramos, sobre la existencia de funcionarios en Japdeva a quienes no les interesa la operación de los escáneres. Para profundizar el enigma, Ramos sugiere “preguntarse por qué”.
Referida a un arma para la recolección de impuestos y la prevención del narcotráfico, entre otros usos importantes, la pregunta es inquietante. ¿Por qué? Ningún funcionario de Japdeva con poder de decisión debería mostrarse desinteresado en los avances tecnológicos, sobre todo si mejoran el control sobre materias tan delicadas.
“Hubo que negociar con Japdeva porque no estaban muy convencidos de poner los escáneres. Los pudimos persuadir, pero hasta el día de hoy solo hemos podido tener el de Limón”, manifestó el funcionario.
A los enigmas planteados por el viceministro es preciso agregar otros, también expresados en preguntas: ¿Cómo es posible que las autoridades aduanales necesiten permiso de Japdeva para adoptar tecnología de punta, útil para mejorar su labor? ¿Cuáles razones alegaron los opositores al plan en Japdeva, aparte de la ridícula dificultad planteada por la escogencia del espacio y el vertido del lastre? ¿Por qué no se enteró el país del debate en el momento oportuno, no años después, cuando los equipos ya habían sufrido deterioro?
Por último, es necesario preguntar hasta cuándo algunos sectores de la Administración Pública podrán hacer su voluntad sin respeto alguno a la jerarquía y la autoridad. La implantación de los sistemas digitales de control aduanal también encontraron feroz resistencia cuando se les anunció como instrumentos eficaces contra la defraudación fiscal.
En algunos casos, la resistencia al cambio raya en el boicot y la debilidad de los argumentos es casi siempre irrisoria. La administración pública no debe cejar, sea en los esfuerzos por incorporar la tecnología al control aduanero, a la vigilancia de las carreteras o a la expansión del gobierno digital. En todas esas áreas ha topado con resistencia y cuando se les contempla en conjunto, los traspiés solo pueden suscitar asombro. ¡Nos negamos a mejorar!... y al parecer no se puede descartar que el atraso les convenga a algunos.