El retiro del proyecto de reformas de la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional de la agenda legislativa produjo inicialmente desconcierto y desazón. No era para menos. La crisis de los regímenes especiales de pensiones es de tal magnitud y su carga sobre los contribuyentes, tan pesada que el factor tiempo resulta invaluable y la postergación de las decisones, angustiante.
De las explicaciones suministradas por el Gobierno sobre el retiro de este proyecto, se desprende, sin embargo, que el objetivo central se mantiene, es decir, la salvación del sistema de pensiones mediante recursos técnicos y de justicia, y no a cargo de los contribuyentes, sino de los propios beneficiarios, gracias a una elevación de la edad de retiro, a la determinación de porcentajes de reemplazo del salario, el incremento de las cotizaciones de los activos y de los jubilados, así como a la variación de los métodos de reajuste y los cálculos sobre el monto de las pensiones.
Si así es, se ha modificado la táctica, mas no la estrategia. Debe, con todo, tenerse en cuenta que no hay tiempo ya para refinar estrategias o imaginar tácticas novedosas. En el campo de las pensiones, como en muchos otros órdenes de la vida nacional, el tiempo y los problemas, que siempre caminan de la mano, se nos han venido encima. Los vimos venir durante muchos años y se escucharon numerosas voces vigilantes que conminaron al Gobierno a la acción a tiempo y a fondo. No obstante, el principio de legalidad y de autoridad, junto con un elemental sentido de solidaridad y de justicia, fueron derrotados a manos del cálculo político y de los grupos de presión, pírrica victoria cuyos frutos amargos se recogen hoy con el descalabro de los regímenes de pensiones y otras desventuras sociales y económicas.
En punto a pensiones, todo queda, entonces, sujeto a la actitud de la Asamblea Legislativa, en cuanto a 11 regímenes, y, en lo tocante a las pensiones del magisterio, cuyo proyecto de ley se ha desgajado del marco general, todo depende de las negociaciones venideras entre el Gobierno y los gremios, esto es, de la inquebrantable posición del Gobierno de no ceder en lo esencial y del sentido de responsabilidad de los dirigentes sindicales. Si no se da esta conjunción de principios y de legítimos intereses nacionales, las consecuencias se pueden adivinar: la bancarrota y la desconfianza en el Estado como defensor del bien común y de los derechos de los ciudadanos.
Se trata, en suma, de una cuestión fiscal, pero, sobre todo, política y ética. Política, por cuanto el Estado costarricense no puede seguir siendo ya más el ludibrio de los gremios y de los grupos de presión, y ética porque, en esencia, se trata de la virtud eminente de la justicia. La democracia costarricense exige, para su supervivencia y mantenimiento, la erradicación de los feudos de privilegios que, durante estas décadas, han carcomido el Estado y asfixiado la economía nacional. A este Gobierno le ha correspondido esta tarea histórica que no podrá coronarse y ni siquiera iniciarse con éxito, si no concurren algunos factores determinantes: una actitud diamantina de los gobernantes, la responsabilidad de los dirigentes de los grupos de presión, el sentido patriótico de la oposición y la eficacia legislativa. Los días que vienen son, pues, decisivos.