En la segunda quincena de junio, los autobuseros lograron la repentina destitución del viceministro de Obras Públicas y Transportes Sebastián Urbina, promotor de la sectorización, necesaria para abaratar el servicio y disminuir el congestionamiento vial. El funcionario también impulsaba el cobro electrónico, un eficaz mecanismo de control de la demanda. La vacante pronto la llenó una viceministra vinculada a los transportistas
Las dos iniciativas son vistas con recelo por buena parte de los empresarios. La sectorización reduciría el número de autobuses utilizados para brindar el servicio y el cobro electrónico ofrecería datos confiables y necesarios para fijar tarifas justas. Ambos podrían tener efectos sobre las ganancias de algunas compañías.
En aquel momento, el gobierno anunció su intención de someter los dos proyectos a examen mediante un “diálogo ciudadano”. A ese efecto ofreció crear dos comisiones, claro está, con amplia participación de los autobuseros. Sin ningún mérito de clarividencia, porque la historia no deja margen para las dudas, un editorial de La Nación vaticinó la inoperancia de las comisiones y una larga vida para el desorden imperante.
El primero de julio escribimos: “La creación de comisiones, dice la experiencia, es la forma idónea de matar una iniciativa sin oponerse frontalmente a ella, posponerla hasta las calendas con la excusa de que se está trabajando y, en el mejor de los casos, adulterarla hasta el punto de la inocuidad. Ahora hay tres iniciativas de la máxima importancia para los usuarios, muchos de ellos provenientes de las clases más humildes, sometidas a comisiones y 'diálogos ciudadanos' donde los intereses mejor organizados e influyentes pesarán más”.
Para verdades el tiempo y el escepticismo de meses atrás quedó confirmado cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) admitió el lento avance del proceso y no se animó a garantizar el inicio de la sectorización antes de entregar el poder. Vamos, pues, a arriesgarnos a hacer un nuevo vaticinio: la garantía de dejar un proceso en marcha, aunque sea incipiente, no existe porque no hay voluntad de enfrentar a los poderosos intereses contrarios a la sectorización. En consecuencia, nada se avanzará en el resto del periodo presidencial.
Del cobro electrónico ni siquiera se habla. El nuevo gobierno recibirá, el 8 de mayo del 2018, un sector de transporte público idéntico al existente cuatro años antes, salvo por los progresos conseguidos con la aplicación del nuevo modelo tarifario, contra la constante resistencia de los empresarios y algunos políticos.
A estas alturas, el MOPT está en espera de las propuestas de los autobuseros, pero no hay financiamiento para los procesos de reforma y tampoco un cronograma. Solo existe un decreto, publicado el 3 de febrero, que fija un plazo de quince días para dar a conocer una programación de las labores.
El plazo de quince días pasó, una y otra vez, pero nadie conoce el cronograma. La viceministra Liza Castillo dice tenerlo, pero no lo da a la publicidad porque está incompleto y le parece irresponsable difundir la información en esas condiciones. Para todos los efectos, el cronograma no existe y, en cualquier caso, la firmeza de los compromisos adquiridos en semejante documento sería recibida con comprensible escepticismo.
Así viene la idea de la sectorización, dando tumbos, desde el año 2000. Cuando parece avanzar, surge la oposición y el reclamo de nuevos estudios, más comisiones y amplios procesos de diálogo. Todo menos arriesgarse a tomar decisiones y contrariar a los poderosos empresarios. Es hora, desde hace años, de poner los intereses del país, la ecología y los ciudadanos por encima de la conveniencia del sector, pero el tiempo seguirá pasando sin novedad.