La Sala Constitucional puso una piedra en el camino de la ley contra el maltrato a los animales. Era de esperar, vistos los excesos incorporados al texto y la formulación de algunos artículos. La Asamblea Legislativa ha tenido experiencias similares. La ley de tránsito es la más notable de ellas. Una y otra vez los magistrados fallaron contra los castigos exagerados hasta inutilizar buena parte del texto que aprobaron.
La lección debió asentar con firmeza la vigencia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, invocados por los magistrados en cada sentencia, pero la indignación provocada por comportamientos odiosos, sea en la circulación vehicular o en relación con los animales, despierta una comprensible reacción draconiana.
A la indignación se suma el deseo de erradicar esos comportamientos y la confianza en la posibilidad de lograrlo mediante castigos severos. La ley de tránsito, pese a las sentencias de la Sala Constitucional, terminó por entrar en vigor con sanciones fuertes, aunque no tanto como las aprobadas en un inicio. Sin embargo, nuestras calles y carreteras siguen sumidas en el caos y en toda esquina es posible presenciar un abuso. La razón es la falta de vigilancia, es decir, la falta de aplicación de la ley. La modificación de la conducta indeseable no se produce por la severidad del castigo, sino por la certeza de recibirlo.
Con esas consideraciones en mente, los diputados deben retomar el trámite de la ley, un emprendimiento noble y necesario. Los ajustes requeridos para satisfacer los parámetros constitucionales no son demasiado complejos y si ya hubo voluntad para aprobar la normativa con penas tan severas, no debe haber obstáculo alguno para tramitar con rapidez la versión revisada.
El trato dispensado a los animales dice mucho de una cultura y la crueldad cambia de objeto con facilidad. Si no inculcamos en la sociedad el respeto hacia otros seres, no podemos esperar el mejor trato entre semejantes. No es casual la coincidencia entre otras conductas ilícitas y los peores casos de maltrato animal.
En la propia sentencia donde explica sus objeciones a la ley aprobada, la Sala Constitucional reconoce el deber del Estado de regular la materia. “Los seres humanos no solo tenemos un deber moral de actuación con respecto a las demás personas, sino también en relación con el entorno natural que nos rodea. En ese sentido, se ha considerado que el maltrato a los animales vulnera la moral, las buenas costumbres y el orden público, y que además forma parte del derecho a un ambiente sano y equilibrado, por lo que el Estado está obligado a regular el tema”.
Para no dejar duda de la necesidad de llenar los vacíos legales existentes, los magistrados apuntan, específicamente, el asidero constitucional de la obligación estatal. Deriva de los artículos 28 y 50 de la Constitución Política. El primero permite restringir las acciones privadas contrarias a la moral o el orden público y, el segundo, establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, impone al Estado la obligación de defender y preservar ese derecho, y el deber de determinar mediante ley las sanciones y responsabilidades correspondientes.
Lejos de plantear objeción alguna a la aprobación de una ley contra el maltrato de los animales, la Sala Constitucional estableció la necesidad de tramitarla. Hacerlo es también una obligación de los diputados si quieren ser fieles intérpretes de la voluntad de los ciudadanos. En Costa Rica existe el maltrato a los animales. No hay forma de negarlo y los medios de comunicación a menudo informan sobre verdaderas salvajadas. Pero también demandan espacio en los titulares las mayoritarias manifestaciones de repudio a esos actos.