Nadie sabe cómo se construyó, en Portete, Limón, un muelle de 60 metros de longitud, enclavado en unos 22.000 metros cuadrados de instalaciones portuarias. Nadie sabía quién era Gilbert Bell Fernández, constructor de las instalaciones y conocido en la zona como Macho Coca. Más bien se le nombró asesor del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
La Municipalidad no sabía que la conservación de la zona fue puesta bajo su responsabilidad por un decreto de 1992, referido a los terrenos creados por el levantamiento de la corteza terrestre durante el trágico terremoto del 22 de abril del 2001. Según el alcalde, Néstor Mattis Williams, la zona debía ser vigilada por el Instituto Costarricense de Turismo. Hizo falta un estudio registral y la comparecencia del ministro del ramo, con planos en la mano, para demostrar la obvia responsabilidad municipal, de cuya existencia nadie sabía.
La construcción está en la orilla. No hay otra forma de construir un muelle, pero nadie sabía que el sitio es parte de la zona marítimo-terrestre, un bien inalienable puesto por ley bajo tutela de las municipalidades. Nadie supo de la imposibilidad legal de construir el muelle, a vista y paciencia de todos, en los cinco largos meses transcurridos entre agosto y diciembre del 2014.
Anita McDonald, integrante de la junta directiva del Incopesca, y Ann McKinley, presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), pese a ser limonenses, nada sabían de Gilbert Bell Fernández, con quien se reunieron, en julio, en el muelle ilegal, donde en noviembre del 2014 había atracado una lancha con 318 kilos de marihuana comprimida.
Bell cumple seis meses de prisión preventiva, sujeto a una investigación por presunto narcotráfico, pero sus barcos disfrutan de combustible subsidiado. Hace poco más de un mes, las naves compraron 33.800 litros de combustible con un ahorro de ¢7,7 millones.
El 1. ° de octubre, ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, Bell negó ser propietario de los terrenos donde “apareció” el muelle, pero el 28 de julio se había atribuido, bajo juramento, la construcción de las instalaciones y la posesión de los terrenos contiguos. La declaración jurada fue enviada al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para solicitar un certificado veterinario de operación. La firma de Bell en ese documento fue autentificada por Anita McDonald quien, interrogada por los diputados, se negó a dar explicaciones alegando la investigación pendiente.
McDonald incluyó a Bell en una terna enviada por la Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero (Asolipes) para llenar la plaza de asesor del Incopesca, cuya Junta Directiva lo escogió, justamente a él, sin saber nada, el 27 de febrero de este año, un par de meses después de concluidas las obras del muelle ilegal.
Gustavo Meneses, presidente del Incopesca, no sabía quién era Bell cuando se le eligió como asesor. “Nunca había escuchado de él, para serle sincero. Nunca había relacionado el nombre real del señor con el apodo. A mí me tomó por sorpresa esto que ha sucedido”, afirmó.
Tanta ignorancia sorprende, porque Bell era bien conocido, especialmente en Limón, desde hace años. La expresidenta Laura Chinchilla confirmó el interés de la Policía en el empresario desde sus años en ejercicio de la primera magistratura. “Era conocido que en los círculos policiales se le venía investigando, y eso llegó a mis oídos por la estrecha relación que mantuve con los organismos de seguridad”, afirmó.
Pero nadie podrá saber, jamás, para qué sirven tantos funcionarios tan mal enterados de sus responsabilidades, sus obligaciones legales y las circunstancias de las zonas donde ejercen sus cargos.