Terminada la huelga en el ICE, deben el Gobierno y la junta directiva de esta institución realizar un análisis amplio y objetivo acerca de sus antecedentes, de su desarrollo y de su epílogo, así como de su repercusión en el futuro de las telecomunicaciones y del buen nombre del país en el campo internacional.
En este marco de referencia consignamos algunas reflexiones. En cuanto a los antecedentes, destacan dos errores: uno, la irreflexiva concesión otorgada a Millicom en 1987, sin reparar en algo tan obvio como el monopolio estatal de los servicios inalámbricos. Dichosamente, la Sala Cuarta lavó aquella mancha con una resolución nítida que, al restaurar el derecho, debe dar confianza a los futuros inversionistas. El otro, la tardanza del Gobierno en ajustar el contrato con Millicom, si cabía, al ordenamiento jurídico. Aquí la imprevisión alentó la obra de suspenso de la resolución de la Contraloría pocos minutos antes de la medianoche del 9 de mayo pasado.
El desarrollo de la huelga en el ICE y su finalización prolongan el ritual conocido de este tipo de movimientos en el sector público: suspensión arbitraria de los servicios públicos, en menoscabo de los derechos de los ciudadanos, y remate del conflicto con la firma de un documento en que la institución se compromete a no ejercer "represalias", eufemismo para encubrir el deber de una entidad pública a observar las normas vigentes y a exigir la reparación de los daños sufridos. Tampoco se tomará en cuenta la cuantía de las pérdidas sufridas por el ICE y que, por supuesto, se transferirán a los usuarios. Y aquí paz y allá gloria. Sin embargo, en esta oportunidad la gloria continúa, por cuanto, pese a que la huelga se circunscribía al contrato con Millicom, el ICE ha aceptado negociar --ultra petita-- un pliego de peticiones, cuyo objetivo central es que los dirigentes sindicales compartan con las autoridades el poder en una serie de proyectos y decisiones internas, como impedir cualquier recorte de presupuesto en las áreas de inversión y operación, así como obtener una participación significativa en la reglamentación de la Ley de Cogeneración Eléctrica.
Dados antecedentes y estas circunstancias, surgen dos líneas de acción: la necesidad de evitar, a toda costa, cualquier sanción de parte de los organismos norteamericanos, por el rompimiento con Millicom, y la definición del futuro del ICE. En cuanto al primer punto, nuestro más sólido argumento, ya expuesto por el Gobierno, consiste en reconocer los errores cometidos en 1987, pero, a la vez, demostrar nuestro apego al Estado de derecho, con fundamento en la resolución de la Sala Cuarta. En lo tocante al segundo aspecto, el Gobierno y el ICE tienen frente a sí un desafío histórico, en vista del avance tecnológico irrefrenable de las telecomunicaciones, que nos puede dejar a la zaga, si no procedemos con visión y determinación, y la impostergable necesidad de reformar el Estado. La exposición de Eduado Lizano, el jueves pasado, en el Club Unión, sobre la economía nacional en este segundo semestre cobra un sentido especial. Según el conferencista, el sector público se ha quedado estancado frente al sector privado, al que ata y entorpece, en menoscabo del desarrolo nacional. De aquí la urgencia de realizar pronto el ansiado objetivo de la apertura de los servicios bancarios, seguros, pensiones, telecomunicaciones e hidrocarburos; de elevar la productividad del sector público y de establecer un marco jurídico moderno apropiado.
Ahí está el enfermo. El diagnóstico es de sobra conocido. Las exposiciones académicas sobre su gravedad son brillantes. Los cirujanos, con todo, no actúan y, peor aún, el vacío de acción es colmado por los grupos de presión que, con sus excesos, minan la autoridad en momentos en que esta debe refulgir intacta y sólida para revivir al paciente y conquistar el futuro.